El Gobierno nacional investiga filtraciones en el caso YPF

Según versiones periodísticas, la depuración quedó a cargo de Santiago Castro Videla, el segundo procurador del Tesoro del gobierno de Javier Milei. Castro Videla asumió en febrero pasado, luego de la inesperada salida de Rodolfo Barra. “Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, dijeron desde Casa Rosada.

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“Creemos que hubo venta de información”, afirmó una fuente inobjetable del Gobierno, alegando que habría habido una filtración al interior de la Procuración del Tesoro, el área que se encarga de llevar todos los servicios jurídicos en representación del Estado Nacional.

Mientras que advirtieron que la Procuración del Tesoro lleva adelante casos que implican miles de millones de dólares para la Argentina. A pesar de que no hay forma de saber para quién se realizó exactamente la filtración de información reservada, consideraron “razonable” que haya podido ser para Burford Capital, el fondo que adquirió los detalles del reclamo de los accionistas minoritarios de YPF.

De acuerdo a las fuentes oficiales, a la investigación interna y la purga posterior en la Procuración del Tesoro se sumaría una reestructuración de áreas de la jefatura de abogados del Estado, que en el último gobierno kirchnerista estuvo en cabeza de Carlos Zannini.

Semana clave en el juicio por YPF: avanza la causa que podría detener el pago de 16.100 millones de dólares.

La petrolera YPF fue nacionalizada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

El reclamo por la expropiación

El reclamo por la expropiación de YPF lleva más una década en la Justicia de los Estados Unidos y se reactivó hace un par de semanas. Ocurrió luego de que se conociera la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que el lunes primero ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital, que compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar contra el país por esa estatización.

El conflicto se centra en el pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en la empresa. En 2023, Burford fue declarado principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación considerada irregular.

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La estrategia oficial argentina busca sumar apoyos internacionales, promoviendo que otros países también se presenten como amicus curiae ante la corte de apelaciones.

Según trascendió, la lista de posibles aliados incluiría a Uruguay, Paraguay y El Salvador en América, así como a Italia, Francia y Alemania en Europa, aunque no existe confirmación oficial y podrían sumarse más naciones. Esta táctica conjunta involucra a la Cancillería y la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la causa, junto a los estudios jurídicos contratados en el exterior.

La empresa produce el 40 % de petróleo y el 30 % del gas del país, tiene tres refinerías (50 % de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.

La petrolera lidera el desarrollo de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y está inmersa en multimillonarios proyectos en sociedad con otras compañías para exportar por vía marítima petróleo y gas licuado.

Según el último balance trimestral de YPF, la compañía tiene activos por 29.714 millones de dólares y un patrimonio neto por 11.908 millones.