Política
La cámara alta dio el visto bueno a un paquete de normas que abogan por la defensa de los consumidores y la creación de un Observatorio de Precios. El proyecto volverá de esta manera a Diputados.
Tras una maratónica sesión, la Cámara de Senadores dio su aprobación a un paquete de normas que prevé la defensa del consumidor que envió el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Abastecimiento. Asimismo, se dio el visto bueno a la creación de un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional sobre la materia.
Las tres iniciativas fueron aprobadas por amplio margen y luego enviadas nuevamente a Diputados para que la próxima semana sean aprobadas por la Cámara baja y convertidas en Ley.
La modificación a la Ley de Abastecimiento obtuvo 38 votos a favor y 27 por parte de la oposición, al igual que el Observatorio de Precios. La creación del nuevo fuero nacional, en tanto, recibió 53 votos a favor y sólo 11 en contra, ya que, en general, el radicalismo apoyó la medida.
La modificación a la Ley de Abastecimiento busca un "marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente en la cadena de valor".
La normativa le otorga al Poder Ejecutivo el poder para intervenir en los "estados previos de la cadena de valor, que no tienen contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles".
La iniciativa excluye además de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado".
El objetivo de esta ley, según lo informado, es "evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales".
El proyecto prevé que, frente a situaciones de desabastecimiento o escasez el Poder Ejecutivo pueda disponer su producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo esta pedir una compensación a cambio.
Debido a esta normativa, serán sensibles de ser sancionados quienes suban artificial o injustificadamente los precios o acaparen materias primas. La autoridad de aplicación deberá requerir autorización judicial para sancionar con inhabilitación especial o clausura temporal.
También se podrá efectivizar la clausura "inmediata" de la empresa en infracción por cuestiones "gravísimas", prorrogable por hasta tres meses sólo con autorización judicial.
Asimismo, las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias, pero esta no podrá difundirlos.
El segundo proyecto crea un servicio de conciliación de las relaciones de consumo, la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo. Finalmente, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo de los precios y la disponibilidad de Insumos.
El senador santacruceño del FpV Pablo González sostuvo que esta ley "viene a morigerar pero a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo". "Estos proyectos están en muchos países del mundo", destacó el legislador.
Por su parte, el radical formoseño Luis Naidenoff cuestionó la nueva Ley de Abastecimiento al decir que "vulnera el orden constitucional" y que "es irracional desde el punto de vista de los incentivos de los comerciantes que piensen en invertir". El peronista disidente Juan Carlos Romero señaló que la ley de Abastecimiento dijo que "está ligada a la crisis económica".
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