El oficialismo tratará este miércoles dos temas clave y polémicos. Los proyectos de defensa del consumidor, que incluyen la controvertida reforma de la Ley de Abastecimiento, y el del pago local de la deuda.
El Senado debatirá este miércoles el paquete de proyectos de defensa del consumidor enviados por el Poder Ejecutivo y que abarcan la reforma a la Ley de Abastecimiento, la creación de un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la Justicia nacional.

El cuerpo se reunirá desde el mediodía en lo que será una extensa sesión especial, ya que los legisladores tienen previsto también debatir el proyecto de pago de deuda soberano en la misma jornada.

No obstante, los tres proyectos de defensa del consumidor serán debatidos de manera conjunta.

La nueva Ley de Abastecimiento que de ser aprobada debe pasar por la Cámara de Diputados, propone, según sus fundamentos, un "marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor".

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios".

Al respecto, el oficialismo modificó la iniciativa que originalmente envió el Poder Ejecutivo para excluir de sus alcances a las pequeñas empresas y a las medianas que no tengan un rol predominante en el mercado.

También se cambió el proyecto para dejar aclarado que el allanamiento a una empresa sospechada de infligir la Ley de Abastecimiento se realizará "previo requerimiento del juez".

Los cambios fueron anticipados por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez; acompañado por su par de Comercio, Augusto Costa; durante la jornada final del plenario de comisiones, antes de que la iniciativa fuera dictaminada.

Entre las modificaciones anunciadas por Alvarez figura la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en el Poder Ejecutivo la potestad de poner en marcha la norma.

Por otra parte, el oficialismo tratará de imponer luego su mayoría parlamentaria para sacar adelante el proyecto que habilita el pago local de deuda y que pretende esquivar el bloqueo impuesto por la Justicia de Estados Unidos al pago a los acreedores de deuda reestructurada.

Después de haber logrado el dictamen positivo, el proyecto para habilitar el cambio de sede de pago de los bonos emitidos bajo legislación estadounidense será sometido al voto de los senadores argentinos el miércoles.

Pese al rechazo de los principales grupos de la oposición, que ya han anunciado su voto en contra o abstención, el gobierno buscará escenificar el respaldo a las decisiones económicas del Ejecutivo con la que consideran mejor opción para cumplir con el próximo vencimiento de la deuda reestructurada, el próximo 30 de setiembre.

El Ejecutivo confía en la mayoría oficialista del Senado para dar media sanción al plan y girarlo para su votación definitiva en la Cámara de Diputados, donde también tendría los números para aprobarlo.

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