La iniciativa de la BUE para todo el país quedó trabada el año pasado en el Senado luego del rechazo de gobernadores del PJ. Había sido aprobada en Diputados con algunos retoques

El ya conocido sistema de boletas de papel y urnas de cartón volverá a usarse en estas elecciones legislativas a pesar de que el gobierno esperaba contar con la boleta electrónica para votar este año, una iniciativa que tratará de reflotar para las presidenciales de 2019.

El proyecto que establecía el uso de la boleta única electrónica (BUE) en todo el país quedó trabado en 2016 en el Senado, donde los gobernadores del PJ plantaron bandera en contra de la reforma del sistema y lograron clausurar el debate.

La propuesta del Gobierno, cuyo diseño estuvo a cargo del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, fue centralmente el uso en el cuarto oscuro de una máquina que imprime una boleta con los nombres de los candidatos que el votante elige previamente de una pantalla táctil.

Cruces

Lo que la oposición criticó con mayor énfasis fue la instalación de un chip o código QR en la boleta para un escrutinio digital, es decir, un conteo a través de un sistema similar al de la lectura de un código de barras. Por su parte, la Casa Rosada sostuvo todo el tiempo el argumento de que el sistema actual es obsoleto y vulnerable a distintos tipos de trampas como la adulteración de las actas o el robo de boletas.

A disgusto y forzado por su condición minoritaria en el Senado, el oficialismo aceptó mantener el conteo manual pero eso no alcanzó para que la ley se aprobara, por lo que podría volver a intentarlo nuevamente una vez pasadas las elecciones de octubre.

La reforma del sistema electoral fue una promesa de campaña del presidente Mauricio Macri y un compromiso asumido junto a los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer, luego de las denuncias de fraude y las demoras del escrutinio de la elección de Tucumán en 2015.

En 2016, y con el aval de la Cámara Nacional Electoral, Macri envió el proyecto a la Cámara de Diputados, donde Cambiemos, el Frente Renovador, el GEN y el Bloque Justicialista lo retocaron y lo aprobaron con 152 afirmativos contra 75 negativos del FPVPJ y del Frente de Izquierda.

Sin embargo, cuando el proyecto llegó al Senado a fines de octubre el bloque mayoritario del PJ-FPV, encabezado por Miguel Pichetto, anticipó que le haría cambios como la eliminación del chip en la boleta y el establecimiento del conteo manual, lo que demoraría la sanción de la ley.

Al Gobierno lo disgustó esa resistencia inicial pero aún así confiaba en el éxito de su iniciativa por la negociaciones que encaró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores del PJ.

Pero los cálculos del oficialismo fueron errados: no se percataron de que muchos de los mandatarios provinciales que respaldaban el proyecto carecían de senadores que les respondieran y, para colmo, las opiniones dentro del bloque mayoritario se fueron dividiendo cada vez más.

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Imposibilitado de unificar una postura, Pichetto (que se mantuvo al margen de la discusión pero por lo bajo se mostraba de acuerdo con el cambio de sistema, con las modificaciones que hiciera el Senado) convocó a los gobernadores a una reunión conjunta con el bloque para definir la situación.

Al encuentro asistieron Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Uñac (San Juan) y Carlos Verna (La Pampa), más los vicegobernadores de Santa Cruz, Pablo González, y de Santiago del Estero, José Neder; y el presidente del PJ, José Luis Gioja.

Quienes participaron de ese cónclave indicaron que Insfrán y Verna fueron los que encabezaron el rechazo, secundados por Corpacci y González, mientras que solo Bertone y Bordet se expresaron a favor.