La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que los próximos indicadores arrojarán cifras peores que las anteriores ya que impactará de lleno la devaluación

Mientras el gobierno admitió que la pobreza podría registrar un aumento cuando el INDEC difunda en poco más de un mes el índice correspondiente al segundo semestre de 2018, tomado en plena recesión por la corrida cambiaria, también persiste en un sector del oficialismo la voluntad de medir el fenómeno en forma multidimensional, testeando por ejemplo el acceso a los servicios de la población vulnerable, que por ahora encuentra resistencia en el titular del organismo estadístico, Jorge Todesca.

Estas consideraciones fueron realizadas en Casa Rosada, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete, por la ministra Carolina Stanley que, sin embargo, omitió mencionar que un organismo de Presidencia, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), trabaja para desarrollar un índice propio de pobreza multidimensional, tomando una encuesta de Trabajo denominada Enapross, que igualmente no tendría por objeto reemplazar al tradicional indicador del Indec sino en todo caso complementarlo.

Lo cierto es que Stanley, desde el Salón de los Pueblos Originarios, señaló que ‘hablé con Todesca por lo que salió ayer. Siempre dije que buscamos transparentar los datos, hablar con la verdad para transformar la realidad. Respetamos el trabajo independiente del Indec pero siempre trabajamos con esta mirada de multidimensional la posibilidad concreta, en conjunto con el Indec, de ver si se puede crear un índice que mida la pobreza de esta manera. Pero hoy valoramos el del Instituto’.

Respecto al indicador de pobreza e indigencia que dará a conocer el organismo estadístico el 28 de marzo, que reflejará los peores meses de la crisis post devaluación, la ministra reconoció que ‘ya lo dijo el presidente: con el impacto de la inflación y algunas medidas económicas, claramente puede ser un índice que dé un poco peor del último que se anunció’.

A fines de septiembre pasado el Indec había informado una pobreza del 27,3% durante la primera mitad del año anterior. Sin embargo, en las últimas horas estos indicadores generaron polémica y ruidos internos luego que se conociera que un trabajo teórico del CNCPS, que tomó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, para armar el índice del primer semestre de 2018 bajo un tamiz multidimensional, y registró un 28,9% de pobres en el país. Es decir, un 1,6% mayor que lo medido por el organismo que comanda Todesca, de acuerdo al estudio adelantado por el sitio BorderPeriodismo.

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El Consejo tiene como presidente honoraria a la propia Stanley pero en los hechos es dirigido por Gabriela Agosto y depende de Presidencia. Desde el comienzo de la gestión desarrolla programas que radiografían la problemática social del país y los objetivos planteados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el documento aprobado en Nueva York en septiembre de 2015, por las Naciones Unidas.

En la práctica desarrolla el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), una gran base de datos que permite mapear las diferentes problemáticas sociales. También coordina la gestión del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro). Con ello, se elabora el SISFAM que permite ver la integración familiar en zonas vulnerables, el acceso a programas sociales o rescatar a los chicos caídos de la AUH.

Más allá de lo formal, el organismo impulsa la medición multidimensional de la pobreza que, a diferencia del testeo por ingresos, permite identificar de manera directa las carencias de la población vulnerable. Todesca, desde el Indec, por ahora sostiene la medición por ingreso que, remarca, es la que utilizan los países centrales.

En el Consejo Nacional de Políticas Sociales buscan ‘aggiornar’ el Enapross, una encuesta que elaboraba Trabajo desde 2010, para contar con un índice multidimensional propio: adecuarlo con más preguntas y darle un formato longitudinal, es decir, que la muestra pueda volver a ser medida en 3 años. Como es una herramienta onerosa, un testeo de 15 mil casos costaría 2 millones de dólares, el organismo se encuentra buscando financiamiento. Hubo reuniones con el ministro Dante Sica pero habrá que ver si el plan económico permite un endeudamiento con el BID.

Los expertos sostienen que las obras de infraestructura que lleva adelante el Ejecutivo -como, por ejemplo, el Sistema Riachuelo en Dock Sud visitado el viernes pasado por el propio Mauricio Macri o las mejoras en guardias hospitalarias- lograrán bajar el índice multidimensional con el tiempo en la medida que logren incluir a una mayor población.

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