Cuando se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza a punto de embarcar, le informaron que el Departamento de Estado de EE.UU. había decidido revocarle la visa necesaria para ingresar a ese país.

El ex canciller Héctor Timerman no pudo viajar a Estados Unidos. Anoche, cuando se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza a punto de embarcar, le informaron que el Departamento de Estado de EE.UU. había decidido revocarle la visa necesaria para ingresar a ese país.

Timerman se encuentra actualmente procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. A raíz de su delicado estado de salud, el juez federal Sergio Torres -que subroga a Claudio Bonadio- lo había autorizado a salir del país para recibir tratamiento en Estados Unidos.

Timerman llegó ayer tarde a Ezeiza para abordar el vuelo 954 de American Airlines que tiene previsto despegar a las 22.40 con destino a Nueva York. Según pudo saber Infobae, cuando se presentó ante el mostrador de la compañía aérea para hacer el check in, le notificaron que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se habían comunicado para informar que la visa del ex canciller había sido revocada.

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Timerman tenía su pasaporte y su visa en regla. Y tenía todo listo para viajar a Estados Unidos. Pero en el mostrador de American Airlines se enteró de la decisión del gobierno de los Estados Unidos. En esa situación, Timerman hubiera podido subirse al avión, pero no hubiera podido ingresar a EE.UU.

En una misma resolución, el 7 de diciembre de 2017, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner y pidió su desafuero al Senado de la Nación. También ordenó las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro ‘Yussuf’ Khalil, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y Timerman.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que permitiera dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.

El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno.

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