La reunión por los fondos de la Policía de la Ciudad se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal.

Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron este miércoles las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo y será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.

La reunión se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado veintiún provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.

En tanto, un grupo de 17 gobernadores emitió un comunicado en el que advirtió a la Corte Suprema que "el federalismo no se negocia" y manifestó la "profunda preocupación por la injerencia indebida" por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.

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"Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales, dado a conocer este miércoles.

Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que las reuniones técnicas para acordar en el plazo fijado por la Corte -que ya finalizó- seguirían sin dar resultado, dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzados en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación.

Sin embargo, luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores -incluso de aliados políticos de Rodriguez Larreta- la Ciudad motorizó un nuevo encuentro pero que no tuvo resultados positivos.

Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

DOCUMENTO COMPLETO FIRMADO POR LOS GOBERNADORES: "EL FEDERALISMO NO SE NEGOCIA"

Los gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden.

Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes.

No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes.

Cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional.

Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%.

Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan.

Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone.

¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo.

Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.

Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos.

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