Guillermo Francos defendió la designación de Ariel Lijo y dijo que no hay plan B

Lijo aún no pudo jurar porque los jueces de la Corte no aceptaron la licencia que presentó para dejar su cargo en el juzgado federal.

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Francos remarcó que el Gobierno sostiene la validez de su designación y que, al igual que Manuel García-Mansilla, Lijo mantiene su legitimidad hasta noviembre.

“No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, aseguró el jefe de ministros.

El jefe de Gabinete aseguró además que García-Mansilla seguirá en la Corte Suprema de Justicia hasta el 30 de noviembre, incluso si el Senado rechaza su pliego.

En declaraciones a AM 750, el funcionario explicó que la designación del magistrado fue realizada conforme a la Constitución Nacional y que su permanencia en el máximo tribunal está garantizada hasta esa fecha, pese a la ofensiva opositora para anular su nombramiento.

“El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, afirmó Francos, dejando en claro la postura del Gobierno.

García-Mansilla fue propuesto por el presidente Javier Milei mediante un decreto y juramentado por la Corte Suprema, lo que generó fuertes cuestionamientos en el Senado.

La oposición, encabezada por el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau y legisladores de Pro, intenta reunir los votos necesarios para convocar una sesión especial y rechazar el pliego.

Según fuentes parlamentarias, el viernes solo faltaba una firma para alcanzar los nueve votos requeridos para llevar el debate al recinto.

Ante esta situación, Francos también rechazó los argumentos que califican la designación de García-Mansilla como ilegítima y desestimó cualquier posibilidad de un juicio político en su contra. “

Un juicio político por este motivo no tiene lógica. Se hace por otras razones, no por el procedimiento de designación de un juez al que le ha tomado juramento la propia Corte”, sostuvo el jefe de Gabinete.

En este contexto, destacó que García-Mansilla ha demostrado independencia desde su nombramiento, al votar en contra de la asunción de Lijo sin que este dejara su cargo en el juzgado. “Me parece destacable. Un juez, una vez que asume, debe expresar su posición conforme a la Constitución y al derecho. Ha demostrado total independencia”, señaló Francos.

El dictamen que promueve al juez Lijo ya tiene 9 firmas, es decir la mitad más uno de los integrantes de la comisión de Acuerdos, por lo que su designación podría ser debatida en el recinto en cuanto la oposición decida convocar a una sesión especial.

Pero diferente era la situación de García Mansilla. Hasta el jueves se sabía informalmente que el oficialismo tenía un dictamen con cuatro firmas, pero nunca lo presentó. Sin embargo, ayer el peronismo llevó un dictamen con seis firmas (Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala), mientras que el radical disidente Martín Lousteau, en tándem con Guadalupe Tagliaferri (PRO), también presentó un dictamen de rechazo propio con dos firmas. Ocho firmas en total.

Ambos dictámenes hacen referencia a la contradicción de García Mansilla que en la audiencia pública ante el Senado había asegurado -algunos meses atrás- que no aceptaría una designación en comisión porque “hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son privativas del Presidente”.

Francos defendió el DNU

Francos defendió el DNU que el presidente Javier Milei enviará al Congreso para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cuestionó las normas constitucionales.

"Yo creo que hay que analizar lo que son las normas constitucionales del país y fijarse si tiene más fuerza una Ley que la Constitución. Todos sabemos que no", dijo Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, profundizó: "En su momento, el ministro (Martín) Guzmán quiso sacar (LEY) para empoderarse él frente al FMI que establecía esto, pero eso desde el punto de vista constitucional no es necesario".

"Ahora existe ese sistema que estableció el ministro Guzmán, pero también están los decretos de necesidad y urgencia, que son una norma que establece la Constitución del '94 para que el Poder Ejecutivo pueda en circunstancias excepcionales manejarse a través de esos decretos", agregó.