Impulsan proyecto a favor de inquilinos

La iniciativa fue presentada por los diputados kirchneristas José Ottavis y Rocío Giaccone, mientras que, según trascendió, cuenta con el apoyo del oficialismo, que todavía no definió si acompañará o redactará su propio texto, por lo que se espera que resulte aprobada en el recinto luego de las vacaciones de invierno.

El proyecto, similar al ya votado en Capital Federal, propone una modificación de la Ley 10.973 y busca una nueva regulación en los contratos de los alquileres para atenuar así la situación de desventaja que enfrentan los inquilinos al momento de alquilar. Así, los gastos originados en el contrato confeccionado por un martillero matriculado, como trámites de libres deudas, inhibiciones o garantías, deberán ser afrontados por el propietario.

“La realidad nos demuestra que año a año alquilar se vuelve casi una misión imposible para muchas familias bonaerenses. Si queremos garantizar el acceso a la vivienda digna, no podemos dejar toda la carga económica a quien busca y tiene la necesidad de alquilar”, explicó Giaccone.

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Y agregó que “en términos económicos, estos gastos representan un gran esfuerzo por parte de los inquilinos, que cada dos años como máximo, y en muchas ocasiones, se ven obligados a contraer deudas para poder pagarlo”.

Según datos de los diferentes censos nacionales, hubo un fuerte incremento de hogares alquilados en el país. De 11.1% en 2001, pasó al 16.1% en el 2010 y hoy más de 7 millones de personas viven en viviendas alquiladas. Además, en la Provincia se destacan diferentes realidades que se vuelven significativas: el 25% de los habitantes alquilan en Bahía Blanca, el 18% en la ciudad de La Plata y el 11% en el gran Buenos Aires.

Desde Inquilinos Agrupados, valoraron que “el proyecto, similar al que impulsamos en la Ciudad, cuenta con el apoyo del oficialismo” y advirtieron que “es de suma urgencia que el mercado inmobiliario no entorpezca su tratamiento”.

“Sabemos que los colegios de martilleros de la Provincia intentan frenar la discusión, pero las organizaciones de inquilinos, junto con los diputados, los senadores y la gobernadora comprenden la importancia de ampliar los derechos de los inquilinos”, expresó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

En la actualidad, la totalidad de los costos del corretaje se suelen trasladar a los inquilinos a pesar de no ser obligatorio según la legislación. En este sentido, desde la Asociación Platense de Inquilinos (API) expresaron: “Buscamos reducir en más del 50% el costo de hacer un nuevo contrato, buscando revertir una situación injusta donde al inquilino se le cobra la totalidad de los mismos, a pesar de que debe ser compartido”.

“En el mismo sentido buscamos flexibilizar las condiciones para acceder a una vivienda y evitar que el inquilino se endeude cada dos años para enfrentar una renovación o un nuevo contrato”, resaltaron.