Cuatro de los cinco magistrados del máximo tribunal argentino votaron a favor de la aplicación inmediata de un índice que beneficiará a 150 mil jubilados

Los miembros de la Corte Suprema fallaron a favor de los jubilados y declararon inconstitucional el índice que utiliza la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para calcular y actualizar las jubilaciones.

Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco votaron a favor, mientras Carlos Rosenkrantz, el más cercano al Gobierno, fue el único que lo hizo en contra. En este marco, además, le solicitaron al Congreso Nacional que fije por ley un nuevo criterio de cálculo.

De este modo, el máximo tribunal argentino ratificó que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones deben actualizarse por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic).

De esta forma, se deja atrás la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es utilizado por la Anses desde 2016 y que había sido establecido por varias resoluciones del Gobierno.

¿Por qué beneficia a los jubilados? La variación del Ripte, en el período 1995 - 2009, se incrementó 178%, mientras que el Isbic fue del 435%.

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Si bien el fallo del máximo tribunal afecta a un caso en particular, el de Lucio Orlando Blanco, jubilado en 2003, sienta también un precedente para los restantes reclamos, unos 150.000 casos.

De este modo, el índice a utilizar será para recalcular los haberes de aquellas personas que reclamaron ingresos previsionales mal calculados y que no aceptaron la reparación histórica. También podría disparar reclamos para parte de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema y que sus haberes fueron actualizados por el Ripte.

Lo que el Gobierno teme es que se produzca un efecto rebote en los miles de casos existentes y esto tenga un impacto desde el punto de vista fiscal, económico y en el equilibrio presupuestario.

Para el 2019, el Gobierno previó un monto de $34.538 millones para el pago de unas 40.000 sentencias judiciales y esto podría verse modificado a partir de un nuevo índice de cálculo.

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