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No lo reconocerán en público, pero el gobierno está en modo "transición" y aunque vayan a dar pelea en las generales de octubre, quieren tener las cuentas ordenadas para la entrega del poder
Calma y contención para equilibrar las variables rumbo al 27 de octubre y, por otra parte, para llegar a entregar el país el 10 de diciembre con las cuentas ordenadas. Esas fueron las definiciones de funcionarios y voceros del gobierno, en público y en privado, en otra agitada jornada en Casa Rosada.
Aunque ningún funcionario diga a viva voz que el oficialismo está en modo "transición", por lo que en privado muchos consideran una diferencia irremontable de Alberto Fernández respecto a Mauricio Macri pensando en las elecciones generales, en el Ejecutivo buscan estabilizar las variables macro y calmar la volatilidad de la semana pasada post resultado electoral para garantizarse así la ansiada gobernabilidad que sirva de puente hasta la entrega de poder.
Fue lo que blanqueó Hernán Lacunza en su primera declaración a la prensa como ministro de Hacienda: la necesidad de garantizar el control del tipo de cambio. De alguna manera, es un reconocimiento de uno de los errores del gobierno: no controlar el movimiento del dólar, que en un año y medio pasó de $18 a $57, con los consecuentes efectos inflacionarios. Luego de 3 meses de caída del IPC, ahora se espera una nueva alza para agosto y septiembre debido a los movimientos frenéticos de la semana pasada.
Lo cierto es que en el entorno del flamante funcionario, que habló casi en paralelo con el titular del Central, Guido Sandleris, para dar certidumbre al mercado, remarcaron que el mensaje pretende "llevar tranquilidad a la gente. Dar un mensaje realista de la situación que se está atravesando" y, al mismo tiempo, sostener el programa fiscal y acuerdo con el FMI, que finalmente la semana próxima enviaría emisarios para reunirse con los técnicos de Hacienda y también de la oposición.
La convocatoria al diálogo a economistas de los candidatos opositores, referentes del propio Alberto Fernández o Roberto Lavagna, iría en ese mismo sentido: dar certidumbre sobre las principales variables del meneado modelo económico.
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Con todo, hay otra mirada que abunda entre los funcionarios más cercanos a Mauricio Macri: "Dejar las cuentas ordenadas" para que el gobierno que asuma el 10 de diciembre evite cualquier zozobra.
Un estrecho colaborador del Presidente, en este sentido, dijo que "nos sorprendió la diferencia (en las PASO), no sabíamos que había tanto malestar más allá que cuando hacés reformas siempre hay sectores con dificultades. Ahora nos queda ordenar todo para que el que asuma no encuentre otra tormenta y evitar que nos lleven 'puestos'", en un claro mensaje a un intento desestabilizador del peronismo.
No obstante, el funcionario, al igual que otros armadores de Provincia, reconoció "errores" en la fiscalización de las mesas desplegadas en territorio provincial. "Nos estamos ocupando", indicó.
La mesa política que vio la luz el lunes por la noche en Olivos -con la participación de los socios radicales y de Lilita Carrió- tampoco generó demasiada expectativa en algunos funcionarios. Ante la consulta de si tendrá continuidad a comienzo de las próximas semanas, una calificada fuente señaló, risueño: "Esperemos que no". Es que para algunos integrantes del oficialismo este intento de apertura política llegó demasiado tarde.
En la reunión de gabinete de media mañana, se repasaron las principales conclusiones del plan de Lacunza para estabilizar de tipo de cambio. Y, en paralelo, el gobierno busca aliviar las tensiones que desataron las medidas de alivio anunciadas la semana pasada, como la eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica o el congelamiento de las naftas por 90 días.
Por un lado, Lacunza y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron por la tarde a los gobernadores de las provincias petroleras por las quejas de los productores por esta medida que afectaría las regalías provinciales.
Los mandatarios provinciales peronistas, en tanto, se reunirán esta mañana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como un gesto político, para repudiar el perjuicio fiscal de "una medida electoralista" como consideran a la quita del IVA de los comestibles.
En la Casa Rosada consideran que no es realista el reclamo de $50 mil millones como pérdida en la recaudación, dado que tanto el IVA como Ganancias son impuestos coparticipables.
A su turno, otro funcionario consultado por este diario sostuvo que "está mal hecho el cálculo: Hacienda estimó que perderán un 0,1% de lo que les correspondería por Coparticipación. El costo fiscal es mínimo porque hay que tener en cuenta todas las variables, porque pueden compensar por mayor recaudación. Igual, la pérdida sería repartida con la Nación, habrá un esfuerzo compartido".