En la audiencia en el máximo tribunal opinaron diez “amicus curiae”: cinco por el Grupo Clarín y los restantes por el Estado. Hoy será el turno de los representantes del multimedio y del Estado.
La Corte Suprema de Justicia escuchó ayer las opiniones de diez especialistas sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, cinco en representación del Estado y la otra mitad por el Grupo Clarín, en una audiencia de fuerte contenido político previa al fallo definitivo sobre la validez de la norma.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales y por más de tres horas, los jueces de la Corte escucharon los argumentos de los "amicus curiae" (amigos de la Corte), que fueron seguidos en la puerta del palacio por cientos de militantes de organizaciones afines a la postura del Gobierno.
Con la presencia al inicio de los siete jueces, ya que Eugenio Zaffaroni salió a poco de comenzar porque tenía un viaje programado a Alemania, expusieron 15 minutos cada uno los diez amicus y los tres independientes sobre los artículos 45, 48, 41 y 161 de la ley de medios, en tanto que hoy será el turno del Grupo Clarín y del Estado.
Uno de los discursos más vitoreados y aplaudido en el recinto fue el del periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien criticó a la Corte el haber subsumido la opinión de los "amicus" a favor de una u otra parte, ya que -sostuvo- ello "aplana el debate popular", y recordó que "además de las partes hay un país afuera".
Verbitsky criticó la "escandalosa dilación judicial que ha paralizado durante cuatro años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde" y subrayó que el CELS concurría a la audiencia "para contribuir a que la democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura militar".
Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, fue el primero en exponer a favor del grupo Clarín: se refirió a la idea de "libertad y diversidad informativa" y señaló que "la asignación de licencias tiene impacto directo sobre la libertad de expresión".
Le siguió el abogado Beinuz Smuckler, "amicus" a favor del Estado, que acusó a Clarín de ser un "monopolio informativo asociado a la red mundial de la desinformación" y pidió al máximo tribunal que "se permita la vigencia plena" de la norma.
"Los que detentan el control monopólico (de medios) incurren en discriminación y ensanchan la desigualdad existente. No está en juego la libertad de prensa ni de expresión", apuntó, en alusión a los artículos cuestionados, que fijan límites a la concentración de licencias y establecen que en la propiedad de licencias no hay derechos adquiridos.
Otro de los "amicus" a favor del Grupo Clarín fue Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, a quien también adhirió Luis Pardo de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) quien recordó el valor de la "autonomía financiera de los medios sin la cual la opinión no existe".
Cerraron la audiencia los "amicus" independientes: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación; Cynthia Ottaviano de la Defensoría del Público y Juan Vicente Sola del Centro de Estudios en Derecho y Economía.i
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