La polémica por las vacunas llevó la discusión entre Gobierno y oposición a niveles impensados. Ayer, la discusión alcanzó su máximo nivel cuando el laboratorio Pfizeremitió un comunicado con el que negó haber recibido algún pedido de coima por parte del Gobierno para comprar su vacuna contra el Covid-19, tal como lo había asegurado Patricia Bullrich, quien había acusado a Ginés González García de soborno y señalado que esto no podía haber ocurrido sin que Alberto Fernández estuviera al tanto. La respuesta no se hizo esperar y llegó del propio presidente, quien anunció que denunciará penalmente a la presidenta del PRO por el delito de calumnias e injurias.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, dijo Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter. Y añadió: “Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable. Por esos motivos, he instruido a mis abogados para que el próximo lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación”.

El responsable de llevar adelante esta denuncia será el polémico abogado Gregorio Dalbón, quien también lo anunció en Twitter: “Voy a tener el honor de representar al Presidente de la Nación el relación a la difamación producida por Patricia Bullrich, la que deberá pagar el daño y pedir las disculpas a todos y todas las y los argentinos. Gratis no se difama nunca más y menos con tema vacunas”, señaló.

La decisión de Patricia Bullrich de incluir a Alberto Fernández en su acusación por un supuesto pedido de coima para la compra de vacunas —algo que fue rotundamente desmentido y de manera oficial por el laboratorio Pfizer—, la dejó colocó en el ojo de la tormenta. Y la puso en una posición que tal vez no imaginó: ser ella quien deberá concurrir a la Justicia a dar explicaciones por sus dichos, acusada de difamación por el propio presidente.

Así, la arremetida de una de las principales líderes de la oposición en un tema tan delicado como polémico como es el abastecimiento de vacunas en plena pandemia, se terminó convirtiendo en un verdadero boomerang para la presidenta del PRO, quien recibirá una denuncia penal en su contra y tendrá que dar explicaciones.

Claro que Bullrich también salió a responder y aseguró que las explicaciones las tendrá que dar el gobierno nacional y que nunca acusó al presidente de pedir sobornos, sino al ex ministro de Salud, Ginés González García.

Pero más allá de las especulaciones y los coletazos jurídicos en que derive la acusación de Bullrich, lo cierto es que su denuncia original fue desmentida por el laboratorio Pfizer con un comunicado breve, pero contundente. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19”, señala el comunicado emitido por la compañía.

El tema de los intermediarios no es menor. Por estos días, abundan quienes ofrecen al gobierno nacional y también a las provincias la posibilidad de comprar vacunas en distintas partes del mundo. Estas gestiones por parte de intermediarios ha llevado a varios mandatarios provinciales a anunciar que ya tenían comprado un lote de vacunas. Sin embargo y aunque en público aseguraron lo contrario, el gobierno nacional no está dispuesto a permitir que nadie más que el Estado nacional sea el responsable de adquirir vacunas.

“Morales se jugó una patriada”, dijo un funcionario en la Casa Rosada refiriéndose al gobernador de Jujuy, quien el jueves pasado anunció en varias entrevistas periodísticas que ya tenía cerrada la compra de un millón de dosis de vacunas. Lo mismo ocurrió con Sergio Uñac, quien ya tenía todo listo para sacarse la foto con quienes le proveían las vacunas a San Juan. Y Horacio Rodríguez Larreta recibió una oferta para adquirir 4 millones de dosis, pero cuando habló con el Gobierno nacional le dijeron que no iba a poder ser. Que desistiera de esa compra y que le “bajarían” más dosis de las que recibirá el gobierno nacional en los próximos días.

“No quieren que nadie más que ellos compre las vacunas, por una cuestión política, para que nadie más se lleve los laureles y saque provecho de eso de cara a las elecciones”, dijeron en una provincia claramente no oficialista.

Pero en la Casa de Gobierno insistieron en que se trata de una cuestión sanitaria y no política. “Son los estados nacionales los que están comprando vacunas, no los subnacionales”, dijeron en los pasillos de la Rosada. Y agregaron: “No es algo tan sencillo ni fácil, porque ANMAT debe autorizar cada lote de vacunas que ingresa, y si no está todo controlado, después quién se hace cargo?”.

La polémica por las vacunas —las que llegaron y las que no lo hicieron— no ha cesado. Es más, parece que recién ha comenzado. Y a juzgar por las noticias que tuvimos un lunes feriado de confinamiento estricto, continuarán dando que hablar, incluso en el ámbito de la Justicia.

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