Son casi $175 millones que son distribuidos de acuerdo con el criterio establecido en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos: un 20% de los fondos se distribuyen de manera igualitaria entre todos los partidos, mientras que el 80% restante se reparte en forma proporcional a los resultados de las últimas elecciones, en este caso las legislativas de 2017.

De lo que reciba cada partido con alcance nacional, un 20% va al organismo general mientras que lo sobrante se distribuye entre los organismos partidarios del distrito, es decir, entre las representaciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Más allá de esto, el monto final de cada partido depende de la posible existencia de multas o sanciones en su contra. Por esto hay partidos que no recibirán dinero e incluso hay otros que aparecen como deudores.

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De acuerdo al Boletín Oficial, el partido que más recibió a nivel nacional fue el PRO con poco más de $5.850.000. En segundo lugar se ubica Unidad Ciudadana (Partido de la Victoria, Compromiso Federal, de la Concertación Forja, Partido Comunista, Frente Grande, Kolina y Solidario) con $5.188.854 y completa el podio el Partido Justicialista (PJ), con casi $4.400.000.

Más lejos, se ubica la Unión Cívica Radical (UCR) con poco más de $3.549.444 y le sigue la Coalición Cívica (CC), con casi un millón y medio de pesos.

Los partidos que más multas recibieron

Los fondos que recibe cada partido político depende, en cierta parte, de las multas que hayan recibido. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación informó las detracciones que se aplicaron: por distintos incumplimientos, se impusieron 285 multas por un total de casi $9 millones tanto a organizaciones provinciales como nacionales.

Con sanciones por casi $1,5 millones cada uno, el PJ y la UCR son los dos partidos que más multas recibieron por parte de la Justicia Nacional Electoral.

Puntualmente, la UCR fue sancionada por un monto que asciende a $1.462.321,17; el PJ recibió multas por $1.380.036,37; la Coalición Cívica-ARI fue multada por $557.566,07; el Partido de la Victoria, raíz del kirchnerismo, fue sancionada por $388.668,02; el PRO por $353.295,91; y el GEN recibió sanciones por $106.859,34.

En busca de transparencia institucional, se aprobó la Ley de Financiamiento Político

Desde hace ya varias elecciones que la financiación de los partidos políticos se pone en dudas ante la cantidad de denuncias de irregularidades. Incluso, en las legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires quedó en evidencia el entramado de corrupción.

El oficialismo bonaerense tiene una causa judicial que investiga “los aportantes truchos” que ya fue traslada del fuero penal al electoral. Una gran cantidad de personas que figuraban como aportantes denunciaron que no habían dado ningún dinero para Cambiemos y en muchos casos se trataba de beneficiarios de las distintas asignaciones estatales.

A mediados de abril, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la ley de financiamiento de la política que establece la bancarización de los aportes; permite los aportes "en especie", y habilita a las personas jurídicas a aportar fondos con un tope del 2%. Hasta hace pocos días, esta posibilidad estaba vedada, por lo que los partidos solo podían recibir financiamiento del Estado.

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Con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional, el oficialismo, con el apoyo de diputados del massismo y de Argentina Federal, logró el pasado miércoles aprobar la normativa con 148 votos positivos y 69 negativos.

Lógicamente, este tipo de iniciativas favorece aún más al oficialismo, a los partidos con más posibilidades electorales y a aquellos que tienen políticas pro-empresa. Con la introducción legal del capital privado, el desequilibrio se produce con los pequeños partidos que solo reciben financiamiento estatal y tienen menos espalda para comprar espacios de publicidad de medios tradicionales.

El proyecto, además, reformula los plazos de las campañas electorales: comenzarán 50 días antes de la elección y finalizarán, como ahora, 48 horas antes del inicio de los comicios. Además, reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.