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La candidata a senadora nacional por 1País pidió en Comodoro Py que se investiguen irregularidades entre el Ministerio de Energía, la UTN regional Santa Fe y una ONG de Venado Tuerto.
La diputada nacional Margarita Stolbizer, una de adalides de la lucha contra la corrupción del kirchnerismo, esta vez denunció en la Justicia al ministro de Energía Juan José Aranguren ante la sospecha de un “negociado” por la transferencia millonaria a una ONG de Venado Tuerto en el marco de un convenio con una universidad por asistencia técnica en el área del gas licuado de petróleo (GLP).
En la presentación realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, que tramita el fiscal Guillermo Marijuan, la legisladora pide que se investiguen “graves irregularidades” en la suscripción de diferentes convenios entre el ministerio de Energía, la regional santafesina de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y una ONG de Venado Tuerto. Solicita, sin más, que se investigue si hubo delitos por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo a la presentación, el monto total abonado a la facultad regional Venado Tuerto a través de la ONG ‘Ateven’ hasta marzo de 2017 ascendía a la suma de $13.510.986.
“De este monto la ONG Ateven se llevó el 10%, es decir, $1.351.098. El referido convenio fue prorrogado por ADENDA I suscripta el 20 de diciembre de 2016. Y allí se amplía el presupuesto en $4 millones adicionales, manteniéndose el 10% de la facturación a favor de la facultad como gastos administrativos”, precisa la denuncia.
Pese a que el macrismo al asumir su mandato anunció la cancelación de los convenios entre el estado y las universidades por la falta de controles y el destino incierto de los fondos, en la realidad esos acuerdos continúan.
Para “emprolijar” la situación, se decidió que aquellos convenios que no se podían eliminar fueran anotados en un registro monitoreado por el Ministerio de Educación. Mientras que el año pasado se contabilizaron 439 acuerdos, este año superarían los 100. Con todo, en dicho registro, de acuerdo a la denuncia, no figurarían estos tratados entre la cartera de Aranguren, la filial de la ATN y la institución mencionada.
Para la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, estas maniobras ‘dan sospecha de un negociado. Se le da participación a esta ONG para tareas administrativas y así se lleva el 10% de lo facturado, más un millón de pesos. Se contrata empleados sin aportes, algunos no se sabe qué hacen y tampoco está claro cuál es la razón del convenio’.
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Al ser consultado por este diario, un allegado al ministro de Aranguren se excusó con un “sin comentarios” sobre la denuncia de Stolbizer y optó, sorpresivamente, por no dar argumentos para contrarrestar tamaña acusación ante un funcionario de un gobierno que pregona la transparencia para diferenciarse de la anterior administración.
Los convenios, firmados entre enero y marzo de 2016, tienen por objetivo la realización y coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo. Para ello la regional Venado Tuerto tiene como misión contratar ‘personal idóneo y especializado aportando los recursos técnicos necesarios’.
Entre las tareas que tenía a su cargo la casa de altos estudios, se contaba el análisis y aprobación de los aspectos de seguridad en proyectos vinculados con la actividad, en el área de GLP, desarrollo de un sistema para administrar y mantener los registros de las certificaciones correspondientes a instalaciones, equipos, envases y elementos relacionados con el gas licuado de petróleo.
Empero, los pagos no se realizaron a la UTN ni tampoco esta última facturaría por los servicios prestados sino que el dinero se depositaria en una cuenta corriente a nombre de la asociación civil Tecnológica Venado Tuerto (Ateven). “Sería esta asociación fantasma y desconocida quien emite las facturas correspondientes a lo convenido. Esta intermediación provocaría un sobrecosto: el 10% del total del convenio corresponde a gastos administrativos”, agrega la presentación.
Los denunciantes pudieron acceder al registro de empleados contratados, entre ellos, jubilados de 70 años, empleados de otros ministerios o personal que al mismo tiempo se desempeñaba en relación de dependencia de alguna empresa relacionada con las tareas ya mencionadas.
“Estamos frente a un circuito de dinero bajo la máscara de un convenio con la UTN de Venado Tuerto para asistencia técnica o capacitación de personal. Pero, en realidad, se usa a una asociación civil de Venado Tuerto para tercerizar personal. Además, esta operatoria encarece los contratos bajo la justificación del ítem gastos administrativos. Y nos encontramos con convenios con cláusulas genéricas sin detalles precisos pero fundamentalmente sin cuentas claras y con transferencias millonarias manchadas por la intermediación de asociaciones civiles que no poseen ningún tipo de control’, concluye la denuncia.