El gobierno admite que “tambalea” el proyecto de financiamiento político que el Senado espera tratar mañana: se trata de la iniciativa que regula los aportes de campaña electoral y en diciembre pasado había logrado un auspicioso dictamen. Ahora en el oficialismo sostienen que los cambios que pretende instrumentar el peronismo harían peligrar la esperada media sanción de la normativa, pero que intentarán hasta último momento que se respete el acuerdo logrado a fin del año pasado.
En su edición del 26 de febrero pasado, este diario había adelantado que un sector del PJ pretendía levantar la prohibición de los aportes sindicales para las campañas y algunas versiones indicaban que detrás de la movida estaría la búsqueda de recursos para la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. Ahora según se pudo averiguar, las enmiendas pedidas por el bloque presidido por Miguel Pichetto y aliados serían “muchas más” y todas enfrentarían la oposición del bloque de Cambiemos en el Senado.
El mentado proyecto, que no había sido debatido en sesiones extraordinarias, formaba parte de la ambiciosa reforma política que encaró el oficialismo. En febrero el senador Miguel Angel Pichetto, de la numerosa bancada del peronismo denominada Alternativa Federal, se había reunido con Marcos Peña en Casa Rosada para acordar su pronto debate.
En el Ejecutivo querían que el Parlamento apruebe esta normativa para poder “utilizarla” en las elecciones nacionales de este año; eventualmente los frentes electorales podrían oficializar aportes en sus cuentas “50 días antes” de las PASO del 11 de agosto próximo.
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En verdad, el dictamen de financiamiento político podría ser rediscutido en Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. La iniciativa que obtuvo dictamen del Senado habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido, con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña. Ese porcentaje podría reducirse a 2%. El objetivo del oficialismo es bancarizar los recursos y establecer “límites estrictos” a los fondos girados por terceros, como una forma de transparentar este tema y quitarle el velo clandestino que hasta hoy imperaba en esta cuestión.
El primer ruido entre los bloques mayoritarios es la pretensión de levantar la prohibición de aportes de campaña de los sindicatos. Aunque una parte del oficialismo estaba dispuesta a aceptar el debate, y en todo caso votar en contra de ese artículo, con las horas ganó la oposición de Cambiemos a aceptar esa enmienda. Es que el peronismo impulsa otros cambios que le trastocarían el espíritu original del proyecto.
“Esta tambaleando el proyecto”, dijo una fuente gubernamental consultada, que no descartó que directamente se caiga por falta de acuerdo. A su turno, un funcionario dijo que “el problema ha sido la discusión de nuevos cambios. Si promovés cambiar muchos cosas no terminás de acordar nunca”.
Cerca de Pichetto, en tanto, deslizaron que “no se ha complicado nada (el tratamiento). El dictamen está vigente y habrá reunión de Constitucionales donde se pueden evaluar eventuales sugerencias con cambios pero, en principio, estaría para tratarse”. Los más optimistas aseguran que luego los presidentes de los bloques definirían para mañana, en Labor Parlamentaria, la sesión donde se debatiría la iniciativa.
Desde febrero Cambiemos había estado trabajando para apurar la sanción de la ley incluso con reuniones preliminares en Diputados para impedir que esa Cámara “bochara” la eventual media sanción. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue anoticiado en una reunión del interbloque de Cambiemos, en Casa de Gobierno, que la diputada Silvia Lospenatto había avanzado en acuerdos con la massista Graciela Camaño. Pero ahora el proyecto corre peligro porque “ya asoman los tiempos electorales”, según resuena en Balcarce 50.
“No lo veo posible por (la intransigencia) del peronismo”, concluyó, su turno, una calificada fuente de la Cámara alta. No obstante, en el Ejecutivo realizarán un último intento para “volver al dictamen de diciembre” y que no prosperen los cambios reclamados por el bloque justicialista.