El programa de seguridad surgió por una demanda de los intendentes peronistas del Conurbano. Pero también lo respaldaron los opositores. Se preveía una erogación de $ 13 mil millones, aunque será de casi el triple.

Con la presencia de intendentes oficialistas y opositores del Gran Buenos Aires, el gobierno anunció ayer la puesta en marcha de un ambicioso plan de seguridad con el que incluso sorprendió con los casi $38 mil millones de inversión, un monto superior al previsto, por los proyectos en infraestructura carcelaria informados.

El acto fue encabezado por el presidente Alberto Fernández en Olivos con escenarios simultáneos, tal como adelantó este medio en su edición del jueves, en Merlo, Quilmes y San Isidro. El objetivo fue mostrar al jefe de Estado preocupado por una de las mayores demandas sociales: la inseguridad, en una de las zonas más apetecibles electoralmente por el Frente de Todos.

Aunque en el gobierno niegan estar pensando en las elecciones de medio término, las mismas ya son miradas de reojo por los estrategas oficiales. Fue por ello también el cambio discurso respecto a las tomas de terrenos en la Provincia, que terminó desautorizando a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por un lado, y también tensionó el vínculo con algunas organizaciones sociales.

Lo cierto es que ayer antes del anuncio, el jefe de Estado mantuvo una conversación privada con la titular de Seguridad y su par bonaerense, Sergio Berni, y con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Una de las patas del programa es el desembarco de fuerzas federales en el Conurbano. El manejo de este contingente en ese territorio había sido una de las disputas no resueltas entre los dos ministros citados. Ahora se prevé incrementar en un 100% la presencia de gendarmes y prefectos en los municipios, lo que equivaldría a casi 4 mil uniformados más.

Los intendentes tuvieron gran protagonismo en el acto de ayer con las palabras de un opositor como Gustavo Posse, desde San Isidro, y aliados como Gustavo Menéndez, en Merlo, y Mayra Mendoza, quien desde Quilmes pronunció el discurso más ideologizado y más picante hacia los ex Cambiemos.

Es que el plan surgió por una demanda de los jefes comunales peronistas del GBA, que durante dos semanas participaron de las "reuniones de conducción" que la mesa chica del Ejecutivo suele llevar a cabo los martes en la quinta presidencial. Con un aliado como el jefe de Diputados, Sergio Massa, quien a lo largo de su carrera se ha hecho fuerte con las propuestas contra el delito, lograron que la Casa Rosada implementara este programa de fortalecimiento al sistema en el GBA. Cerca del ex intendente de Tigre aseguran que en una próxima etapa se extenderá a otros conurbanos del interior del país aquejados por el aumento de la criminalidad.

La respuesta oficial, con todo, se vincularía con el reclamo de la inseguridad de distritos que componen la primera y la tercera sección electoral bonaerense, un bastión del peronismo que le sonrió en los últimos comicios. Pensando en que la crisis devenida de la pandemia tornará dificultoso el cumplimiento de apotegma "poner a la Argentina de pie", económicamente hablando, suena lógica la batalla contra la inseguridad en momentos en que, por ejemplo, el nombre de Berni suena para una eventual candidatura.

"Vamos a ser implacables", enfatizó el presidente Fernández al referirse al combate a la delincuencia. "Una buena sociedad, una buena democracia y un buen estado de derecho tienen que garantizar a los ciudadanos seguridad, y la pena por su delito al que ha delinquido", remarcó.

La presencia en Olivos de opositores como Jorge Macri, el intendente de Vicente López que pese a sus críticas públicas mantiene un vínculo fluido con funcionarios de distintos nivel, propició un escenario "desagrietado" para emprender una política de estado para atender una de las demandas más urgentes en la Provincia. Y fueron los jefes comunales quienes acercaron en cada uno de los escenarios a familiares de víctimas contra el delito. El ex primo presidencial, por caso, arribó a la quinta presidencial junto a Silvia Irigaray, presidenta de Madres del Dolor, una agrupación de buena sintonía con el macrismo.

Sorprendió el monto de la inversión del plan anunciado, que en principio se preveía de casi $13 mil millones. Ayer comunicaron que alcanzará los $37.700 millones e integrará 3.957 efectivos a las fuerzas federales de la Provincia, incluirá la formación de 10 mil nuevos policías en academias municipales descentralizadas, a lo largo de 18 meses. También proveerá a la jurisdicción de 2200 nuevos móviles policiales, 4 mil paradas seguras y 12 unidades carcelarias.

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