La Cámara Federal se apresta a definir en los próximos días si confirma los primeros procesamientos dictados en la causa de los cuadernos de las coimas K, el escándalo que estalló hace tres meses y medio y puso sobre el tapete los supuestos pagos ilegales que se habrían hecho detrás de los negocios del Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015 para engordar bolsillos personales y políticos.
Allí sabrán su suerte la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta; los arrepentidos José López, Claudio Uberti y Ernesto Clarens; y los empresarios como Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, José Chediack, Enrique Pescarmona, Aldo Roggio y Luis Betnazza, entre otros.
También el propio Oscar Centeno, autor de los cuadernos; y otros personajes que aparecieron, según la causa, recibiendo dinero como el ex juez Norberto Oyarbide. El juez Claudio Bonadio los había considerado a todos parte de la misma asociación ilícita y les había trabado por igual embargos de 4 mil millones de pesos a cada uno.
En tribunales, que Cristina Kirchner y Julio De Vido lleguen a ver confirmados sus procesamientos parece ya no ser noticia, pero la expectativa está en saber qué pasará con los empresarios que confesaron haber pagado las coimas, según aseguró la mayoría de ellos en sus declaraciones como arrepentidos.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los encargados de analizar esta cuestión desde el segundo piso de los tribunales, definirían por estas horas si los hombres de negocios formaron parte de la banda que, según el juez Bonadio, encabezó la propia Cristina Kirchner, De Vido y Baratta, y que integraron el resto de los ex funcionarios y empresarios involucrados.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, antes de llegar a esta decisión, los jueces deberán responder a los primeros cuestionamientos sobre el inicio de la causa, la forma en la que Bonadio se quedó con la investigación y las circunstancias en las que las fotocopias de las anotaciones del chofer Oscar Centeno llegaron al fiscal Carlos Stornelli, de manos del periodista Diego Cabot, de La Nación, que a su vez las recibió de un presunto amigo de Centeno que las tenía bajo su custodia.
Todo eso fue una discusión crucial en los primeros días de agosto, cuando la sociedad supo de la existencia de esta investigación con las órdenes de detención que disparó Bonadio.
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