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Rogelio Frigerio encabezará este jueves en San Juan el Consejo Nacional de la Vivienda. El ministro del Interior procurará que las provincias se comprometan a incorporar a los destinatarios de planes en la base única.
El gobierno buscará relanzar este jueves el registro único de beneficiarios de viviendas sociales a fin de evitar un manejo discrecional en la entrega por parte de las provincias, al tiempo que impulsa una ley nacional de Vivienda que regule esta problemática y evite así un manejo clientelar.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encabezará en San Juan el Consejo Nacional de Vivienda que reúne a cada uno de los titulares de los Institutos de Viviendas provinciales. Desde allí insistirá en que los gobiernos provinciales se comprometan a incluir a los destinatarios de los planes de vivienda en la Base Única de Beneficiarios (BUB), creada el año pasado por una resolución ministerial.
Uno de los objetivos de la BUB es garantizar “la transparencia y adecuada adjudicación de las soluciones habitacionales”. En la cartera política recuerdan la denuncia judicial contra el gobierno tucumano que se sustancia por estos días en los tribunales por la cesión irregular de casas populares.
En el gobierno remarcan que hay en construcción más de 50 mil unidades del Plan Nacional de Vivienda. En 2017 se comenzaron a levantar 12.775 casas y se concluyeron 17.432, con un presupuesto de más de $12 mil millones.
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Este año en Interior prometen incrementar esas cifras: el presupuesto del Plan llegará a los $15 mil millones y apunta a terminar 26 mil viviendas sociales nuevas. A esas cifras se sumarán otros $16.500 millones del FONAVI que se destinarán a obras exclusivamente de vivienda e infraestructura.
Paralelamente, Frigerio mantendrá este jueves un almuerzo con el gobernador peronista Sergio Uñac, en busca de recomponer el vínculo que quedó dañado tras la falta de apoyo del sanjuanino a la reforma previsional votada en diciembre.
En las últimas semanas el mandatario había protestado por falta de avance en las obras y ahora el ministro concurrirá con tres secretarios -Klemenziewcz (Infraestructura), Kerr (Vivienda) y Bereciartúa (Recursos Hídricos)- para trazar un balance de lo realizado y encarar nuevos proyectos en conjunto.
En los hechos, es un gesto de buena voluntad hacia un gobernador peronista que había mostrado buena sintonía con la Casa Rosada. “Preferimos que no se vaya al lado oscuro con Rodríguez Saá o Berna”, bromeó una fuente gubernamental consultada.
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Lo cierto es que en la cartera política este año deberán afinar el diálogo con los gobernadores para garantizar apoyo legislativo a varios proyectos fundamentales para el Ejecutivo.
Se trata de los proyectos de Financiamiento de campañas política y de reforma política, financiamiento productivo y el de la Ley Nacional de Vivienda.
Esta última iniciativa busca “sentar las bases de una política de largo plazo que reúna en una sola ley acciones que den impulso al acceso a la tierra, la vivienda y los créditos hipotecarios, incentivos y subsidios para la construcción o compra de terrenos y casas”.
El objetivo, cuentan en Gobierno, es evitar que los recursos girados desde Nación a las provincias para los planes FONAVI sean utilizados, como sucede usualmente, para gastos corrientes o de otra índole por los gobernadores de turno. Se busca un mayor control para evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos.
“Hoy se tiene más control en el dinero girado por el Plan Nacional de Vivienda a los IVP que en el caso del FONAVI”, comentaron desde la cartera política.