Quienes tienen posibilidad de ajustar sus ingresos por la inflación como algunos comerciantes, los cuentapropistas o profesionales, hasta incluso algunos sectores asalariados con fuerte capacidad de negociación, tienen alguna posibilidad de compensar en parte las pérdidas que la inflación genera.
No es que no pierdan, sino que pierden menos. Los que pueden ahorrar incluso lo hacen en moneda extranjera o con altas tasas de interés para proteger en parte la capacidad de compra de los pesos guardados.
Es un esquema en el que todos (o casi todos) pierden porque la economía en su conjunto entra en una situación de estrés poco favorable para la realización de acuerdos imprescindibles en el desarrollo económico y para el bienestar de sus actores.
En este contexto, los consumidores, son obviamente quienes resultan inmediatamente afectados, y por lo tanto sus derechos resultan vulnerados en estos casos.
Es necesario entonces cuando se habla de 'derecho del consumidor' hablar también de precios y de inflación.
El derecho del consumidor es mucho más que combatir la inflación y los referentes de las asociaciones de consumidores tienen muchas más tareas que contarnos los precios que aumentaron o los productos que faltan en la góndola. Muchas veces el periodismo y los funcionarios centran su atención tanto en el tema 'precios' que dejan de lado el gran universo de herramientas que nos brinda el ámbito del 'Derecho del consumidor'; haciendo entonces la salvedad que hay mucho más para tallar en defensa de los consumidores vamos a señalar al menos dos párrafos que puedan ser de utilidad para todos en materia de 'precios'.
El primer punto a señalar es que tratándose de un aspecto de la 'macroeconomía' los precios y su movilidad corresponde a una responsabilidad del estado y los funcionarios públicos. Más allá de las correctas observaciones que se hagan sobre el comportamiento (positivo o negativo) de los diversos actores en el mercado, en el sentido de pretender una actitud responsable de los formadores de precios y apelar incluso a la buena voluntad de los consumidores para evitar avalar los aumentos de precios, nada cambia que el resultado de la evolución de precios es consecuencia de las políticas económicas.
Así como la dirigencia se vanagloria sobre el desempeño de la economía cuando da buenas noticias, debe responsabilizarse por las malas cuando suceden. Podemos y debemos reclamar al estado que nos asegure políticas públicas que nos den bienestar y eviten entre otros males a la inflación. Dicho esto, podemos apelar a un comportamiento responsable de los diversos actores sociales.
Y claramente los más responsables deberán ser quienes detenten la mayor cuota de poder. Los grandes actores económicos deberían tener una gran cuota de 'responsabilidad social' para no aumentar los precios o para aportar soluciones compartidas.
No vender como herramienta de defensa, como hicieron varios sectores (automotriz, construcción, y sectores vinculados con la importación) mientras pasa la tormenta no es una buena medida, porque aumenta la presión sobre los que si venden y consecuentemente los precios.
Una respuesta posible colectiva positiva sería comprender que en situaciones de tensión, resignarse a perder por algún breve período un pequeño margen de utilidad puede ser beneficioso a mediano plazo. Cuando el miedo a perder se expresa protegiendo la ganancia con más precio finalmente todos pierden. O al menos la mayoría.
Los consumidores pueden aportar su granito de arena tratando de no convalidar los aumentos de precios, ello sin dudas modera de manera significativa la espiral inflacionaria. La actual conducción económica propone un listado de precios 'indicativos' de productos de consumo masivo para que los consumidores dispongamos un parámetro de compra con valores sin aumento.
Más allá de las opiniones políticas de cada uno, es bueno esperar que la herramienta resulte eficaz, para beneficio de todos. Un detalle de cada producto, su precio y otros aspectos del programa se pueden leer fácilmente en el sitio
www.precioscuidados.com