Anticipó que si no hay una solución a los altos valores de las boletas que reciben los usuarios "esto en diciembre explota". Un fallido cara a cara con la empresa.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, arremetió contra la empresa Edesur por los elevados valores de las facturas, la imposibilidad de una moratoria rechazada por la empresa, los reclamos a diario que llegan a su oficina en forma telefónica o por mail, al punto que calculó que unos 20 mil usuarios estarán en esas condiciones y no pueden reclamar.

García muy enojado, sentenció: "Estoy en guerra declarada contra Edesur, tuve a sus directivos cara a cara y me dijeron que trabajan a pérdida, no puedo decir lo que les contesté, pero fue como si me vieran la cara, tengo más de 60 años", y advirtió que "el decreto de no cortar el suministro vence en diciembre, después de esa fecha si no se toma una medida, explota todo".

Atención no presencial

García, destacó ante El Sureño que "mantenemos la atención de manera no presencial, sino esto sería una cola infernal, tengo el 60 por ciento del personal licenciado, rotamos entre los que tuvieron contagiados y volvieron, no quiero que se expanda más el virus en nuestra oficina".

Asimismo, el ombudsman dijo que "lo mismo está pasando con las boletas de Metrogas, pero lo de Edesur es trágico para mucha gente que desde hace meses no puede trabajar, no tiene ingresos, el gobierno hace lo posible pagando el IFE y otros planes, pero en realidad no alcanza. Encima tenemos los cortes de luz diarios, hemos contabilizado, por denuncias, 3.900 casas sin luz en un mes".

El Defensor, que recibió en su domicilio una abultada boleta, acusó a Edesur -cuyo principal accionista es Nicolás Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri- de "aplicar aumentos encubiertos mediante mediciones estimativas. Esas mensuras no pueden realizarse más de dos veces al año, mientras que la empresa lo está haciendo como una práctica normal en claro incumplimiento a su contrato de concesión", sumado al recambio de medidores que muestran que los relojes funcionan a más velocidad.

"No sólo es una violación contractual -agregó- sino que roza con el delito de estafa penado en nuestro Código Penal, es decir, quitar dinero a una persona o algo de valor mediante engaño", insistió García y agregó: "Algo parecido ya lo vivimos en 2011, pero tiene que intervenir el Congreso mediante la Auditoria General de la Nación y decididamente quitar la concesión, que de por si ya es monopólica".

El ombudsman añadió que "la sociedad argentina está cansada después del tarifazo que sufrió en el anterior gobierno y ya no podemos permitir que la sigan timando. Por lo que reiteramos que esta empresa tiene que ser auditada en forma urgente porque los bolsillos y el poder adquisitivo de los vecinos ya no aguantan más este tipo de atropellos".

"Ya es sabido que esta Defensoría del Pueblo ha presentado dicho pedido de auditoria a las autoridades del ENRE y a la Auditoria General de la Nación, órgano asesor del Congreso ", dijo García, por la falta de respuestas como que "rechazaron la moratoria que podía ser de 12 o 15 meses en algunos casos, en otros podríamos llegar a 20 o 30 para que la gente pague por goteo, pero si no hay nada de eso, en diciembre si no hay otro DNU, explota todo. En el interior hay cooperativas que lanzaron moratorias".

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