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Un proyecto de ordenanza que elimina definitivamente al Defensor del Pueblo de Ituzaingó fue presentado por el intendente y aprobado en el Concejo Deliberante
El municipio de Ituzaingó es claro reducto de nepotismo del conurbano; el distrito desde su creación en 1994, sólo conoció a un intendente: Alberto Descalzo, que desde 1995 hasta la actualidad marca 26 años ininterrumpidos gestión.
Además, el municipio que en algún momento de la historia pretendió ser llamado el Jardín del Oeste, también tiene una banca en el Senado bonaerense, que ostenta la senadora del FdT Marta Pérez, esposa del intendente Descalzo.
Por las dudas, nunca se sabe que puede pasar, el primer concejal en la lista en la que fue electo el intendente es Pablo Catriel Descalzo, hijo de Alberto y Marta. Pablo Catriel es el reemplazante formal inmediato del intendente ante cualquier eventualidad, pero además es quien se desempeña como Jefe de Gabinete del municipio y todo parece indicar será el príncipe heredero de la comarca.
Pero por si todo esto fuera poco, además, Juan Manuel Descalzo, otro de los hijos del matrimonio, es el responsable de la delegación del IOMA que funciona en el distrito. La salud, ante todo.
Al intendente Descalzo no parece gustarle dejar muchos espacios para la comunicación política extra familiar, y en ese sentido la Defensoría del Pueblo local era un hueco que había que cubrir o, como finalmente se hizo, suprimir.
El texto de la ordenanza aprobada, escueto y claro, le asienta un golpe mortal al único órgano de control que tiene el municipio: efectivamente se plantea suprimir la Defensoría.
La movida política parece contar con la complicidad de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que no advierte sobre el incumplimiento de la designación, desde hace algún tiempo.
Según la actual legislación la Defensoría del Pueblo, no depende del Ejecutivo Municipal, todo lo contrario, es un órgano de control independiente del Poder o Departamento Ejecutivo, según corresponda.
El Defensor del Pueblo de la provincia depende de la Legislatura y en los distritos, las Defensorías, de los Concejos Deliberantes.
Pero los concejales oficialistas decidieron por mayoría suspender, por tiempo indeterminado, los alcances de la Ordenanza N° 3153, promulgada por Decreto N° 36/12, por la que se creó la institución del Defensor del Pueblo del Partido de Ituzaingó.
El procedimiento para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo se inicia 150 días anteriores a la fecha de expiración del mandato o, en su defecto, inmediatamente después de producida la vacante mediante la publicación en medios gráficos de circulación local.
El edicto debe convocar a las entidades intermedias representativas de la comunidad, reconocidas por la Municipalidad, consejos profesionales, cámaras comerciales e industriales y entidades gremiales, a presentar la propuesta de candidatos a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.
Presentadas las propuestas, el Intendente eleva la terna de las personas propuestas y finalmente el HCD con mayoría simple elige el nuevo Defensor del Pueblo por 5 años.
La publicidad de la convocatoria nadie la vio, pero la dirigencia oficialista esgrime que no se realizaron propuestas desde la comunidad.
Por primera vez en 2013 en el distrito de Ituzaingó, se eligió al abogado Bruno Corbo como defensor. Para la elección habían participado más de 100 instituciones intermedias y la elección de Corbo, había sido por unanimidad.
Con la elección de Corbo, la defensoría comenzó a trabajar. Se nombró el personal, se consiguió la sede y se le asignó un presupuesto: en cinco años recibimos y tramitamos 20.000 reclamos, comentó Corbo. Su mandato de 5 años concluyó a fines del 2018 y, luego de 6 meses de prórroga, ya no cumple funciones, y el puesto quedó vacante desde entonces.
La elección de Jorge Picolli como delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es otro argumento que exhibe el oficialismo para eliminar la Defensoría local.
Entre la Defensoría provincial y la Defensoría local hay una diferencia que no es menor: los delegados provinciales no pueden actuar en reclamos contra el municipio. Su competencia es ante el gobierno provincial y frente a reclamos en los que la provincia sea parte.
La competencia para reclamarle al Poder Ejecutivo Municipal es del Defensor del Pueblo Municipal, cargo este que está vacante y con serias posibilidades de desaparecer definitivamente en el feudo de Alberto Descalzo de acuerdo a la normativa aprobada.
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