Damnificados consideran que no existe situación de hecho o derecho que justifique su liquidación, dado que "no existen deudas bancarias, fiscales o con proveedores" y dicen que siguen dispuestos a apoyar el emprendimiento.

Más de un centenar de familias que desde hace ocho años pagan las cuotas para acceder a una vivienda en un complejo de torres de la localidad bonaerense de Avellaneda reclaman que “se retomen las obras” de las 924 unidades, de las que “sólo se finalizó el 40% y están en proceso de liquidación judicial”.

Emplazado en avenida Hipólito Yrigoyen al 600, el proyecto inmobiliario “Estrella del Sur”, que cuenta con 27 pisos en cada una de las cuatro torres, es desde hace casi una década parte del paisaje cotidiano. Incluiría 718 cocheras, parque de juegos infantiles, dos piletas, gimnasio comunitario, guardería y jardín de infantes.

Según los miembros que integran el comité, el fiduciario “Provincia Mandatos” pidió la liquidación judicial en noviembre ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial de Primera Instancia N°12 “generando un daño irreparable a los intereses por los que debía velar”, y lo hizo “de forma inconsulta y violando las decisiones de la asamblea de beneficiarios” realizada con 164 adherentes que representan 191 unidades. “Ninguna situación de hecho o derecho justifica la decisión, dado que no existen deudas bancarias, fiscales o con proveedores y ellos siguen dispuestos a apoyar el emprendimiento” bajo un nuevo plan de obra, aseguraron.

Consultado sobre la situación, el gerente del área de legales de “Bapro Mandatos”, Patricio Harte, aseguró que “mediando insuficiencia patrimonial, el fiduciario debe poner el proyecto en manos de un juez, sobre todo cuando los trabajos permanecen paralizados y sin un plan de obras vigente ni financiamiento externo”.

“Para proceder no se requiere el aval de la asamblea (de adherentes), que decidió discontinuar sus aportes”, aseguró.<CD>La medida fue apelada por un grupo de adherentes, que elaboró un nuevo plan de obras y asegura contar con el apoyo de otro centenar.Las obras iniciaron en enero de 2010, pero dos años y medio después comenzó a notarse el desfasaje entre el ritmo de actualización de las cuotas y la inflación, que no permitiría cumplir con los plazos e incrementaría el monto de los pagos mensuales, por lo que 287 beneficiarios abandonaron el proyecto.

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