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Tras el ataque narco sufrido por vecinos de Ingeniero Budge, la diputada nacional presentó una denuncia ante el Procurdador General de la provincia de Buenos Aires y al vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, para que se investigue entramado judicial, policial y político.
Tras el ataque narco sufrido por los vecinos de Ingeniero Budge que habían denunciado la venta de drogas en su barrio, la diputada nacional Elisa Carrió solicitó se investigue la existencia de un engranaje judicial, policial y político que “proporciona cobertura y garantiza impunidad a ciertos sectores implicados en actividades delictivas; delimitados en las zonas geográficas de Lanús y Lomas de Zamora”.
La denuncia fue elevada al vicegobernador bonaerense y presidente de la Cámara de Senadores, Daniel Salvador; y al Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand.
El escrito, que la propia legislador difundió a través de sus página web y redes sociales, aclarando que “lo advertimos hace mucho y ahora denunciamos”, hace especial mención a la Seccional 10 de Budge, que “no sólo detenta la mayor densidad en delitos dolosos (homicidios), sino por recurrentes conflictos relacionados a su ubicación territorial, rodeada por asentamientos y el mercado ilegal más grande del país: La Salada”.
Carrió aclara que “es la zona más conflictiva, pero al mismo tiempo puede decirse que la más codiciada. Codicia directamente vinculada a la “caja negra”: permisos de funcionamiento a puestos ilegales, narcotráfico y la piratería del asfalto.
Por ello, para la legisladora lo más interesante de resaltar son “las escasas investigaciones que terminan en elevaciones a juicios y condenas por esta clase de delitos”.
Detalles
En su denuncia, de 22 páginas, la legisladora recuerda que en 2014 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la creación del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, "tal vez con el propósito de descomprimir la alta conflictividad" en Lomas de Zamora y de alguna manera, dividir la masa poblacional intentando asegurar una mejor administración de justicia.
"El propósito pudo haber sido noble, pero lo cierto es que, el engranaje judicial del Conurbano encontró allí un refuerzo para dar cobertura a la trama de negociados que recorre esa geografía. En este esquema, la influencia de un Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, con competencia en medio ambiente, fue decisiva para presentar a su ahijado, el Dr. Carlos Román Baccini; miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, como mejor exponente para centralizar todas las causas de La Salada y poder capitalizar el entramado policial y político".
Carrió agrega que "el soporte político fue fundamental para que la Fiscalía General de Lomas de Zamora suscribiera la Resolución Nº 31 bis, el 27 de Abril del año 2015, mediante la cual dispusiera que todas las causas relacionadas de manera directa o indirecta con dicha Feria -incluso las ya iniciadas- se radicaran en la fiscalía del Dr. Baccini. Mediante esa curiosa centralidad, los funcionarios provinciales y municipales se aseguraron, un solo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos “líderes territoriales” de esa Feria: Enrique “Quique” Antequera y Jorge Castillo, y los no formales, a cargo de barras de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de drogas, armas y trata de personas, en todas sus variantes".
La díscola socia de Cambiemos describe una serie de casos para ejemplificar este entramado judicial, policial y político, en los que también menciona al intedendente de Lanús, Néstor Grindetti, al secretario de Seguridad, Diego Kravetz, y al subseretario del área, Daniel Villoldo.
"No seremos una sociedad viable, en tanto quienes tenemos deber legal de no cubrir delitos, miremos para otro lado, nos asociemos o entablemos componendas políticas. Una mala Administración de Justicia tiene consecuencias directas, muchas veces, irreparable", concluye Carrió.