Panorama político
Las últimas decisiones de la procuradora general de la Nación en 2014 confirmaron las advertencias opositoras. Cayó la cláusula RUFO y nada indica que el gobierno vaya a mejorar una oferta a los buitres.
Cómo tildar de impredecible a un gobierno que lleva más de una década en el poder? Más aún con una gestión que se caracteriza por no ceder nunca la iniciativa y quedarse siempre con la última palabra. ¿Podía esperarse entonces que concluyera el año retrocediendo en materia judicial? Obviamente no; luego de una semana complicada, era de esperar algún tipo de contragolpe en vísperas de la feria judicial, y fueron las medidas que dispuso la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, desplazando a dos fiscales críticos.
En el caso de Guillermo Marijuan, recordemos que es quien pidió al juez Casanello la semana pasada llamar a indagatoria al empresario vinculado al kirchnerismo Lázaro Báez.
En efecto, a esta altura de la historia, si algo no se le puede endilgar al gobierno es ser 'impredecible'. ¿Alguien había imaginado que la premura por aprobar el Código Procesal Penal era gratuita? Contradiciendo los argumentos de los que sospechaban que se buscaba una rápida implementación para aplicar ante el avance judicial en materia de corrupción, se sostenía que su puesta en vigencia demoraría mucho tiempo y tal vez quedara para el próximo gobierno. Se explicaba que entre otras cosas habría que crear en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la cual tendrá el fin de 'evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3º, los respectivos proyectos de ley de adecuación de legislación vigente a los términos del Código aprobado'. Es necesario además poner en marcha un programa de capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías de primera instancia nacionales y federales, fiscalías generales y defensorías, 'con el fin de capacitar y dotar al Ministerio Público de los recursos humanos mínimos indispensables para afrontar la futura tarea de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación'.
Pero conforme advirtió la oposición en los debates de ambas cámaras, la desconfianza radicaba en la designación de fiscales, por cuanto la flamante ley crea 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en fiscalías y defensorías de todo el país. Pues bien, antes de concluir el año, la doctora Gils Carbó designó 16 nuevos fiscales generales que, según denuncia la oposición, buscarán 'controlar las investigaciones sobre la corrupción en el gobierno'.
Para el jefe del radicalismo en Diputados, Mario Negri, la procuradora general es 'la nave insignia en la colonización del Ministerio Público', y reiteró que la reforma del Código fue una 'excusa', cuyo fin era incorporar el Anexo II, que 'contiene toda la discrecionalidad para cumplir el propósito que se ejecuta'. Esto es, controlar las causas que complican al gobierno.
Así las cosas, el también radical Ernesto Sanz, que en su momento generó una fuerte reacción de parte del kirchnerismo tras anticipar que en caso de llegar la oposición al poder van a derogar buena parte de las leyes impulsadas por esta administración, ahora advirtió que el próximo gobierno deberá 'revisar todos estos nombramientos'. Habló incluso de poner 'absolutamente todo esto en comisión y someterlo a juzgamiento a partir de que haya una modificación de las leyes vinculadas a la Procuración General de la Nación'.
Que hubiera tantas dudas respecto del camino que el gobierno tomaría con los fondos buitre una vez caída la famosa cláusula RUFO no implica tampoco que sea impredecible. Sí que logró confundir a propios y extraños, y hacerlos bailar al compás de su música. Durante semanas se especuló con que el acuerdo sería un hecho una vez transcurrida la barrera de fin de año, y esa expectativa sirvió para mantener cierta tranquilidad en los mercados en momentos en que tras el desplazamiento de Juan Carlos Fábrega del Central el gobierno se propuso controlar el mercado de cambios. Esa 'pax cambiaria' fue el elemento que lo animó a dejar de lado cualquier arreglo y cuando el mercado asumió que esa era la posibilidad más concreta, la probable onda expansiva estaba también controlada.
El gobierno insiste en que está dispuesto a negociar, pero la propuesta sigue siendo la misma, e inaceptable para los holdouts. Axel Kicillof reitera cada vez que le preguntan que están abiertos a pagarles a los fondos buitre, pero no más que al resto; y extiende la oferta a los bonistas que quedaron fuera del canje y del fallo de Griesa. Ninguno aceptará, cuando saben que al próximo gobierno no le quedará otra opción que hacerse cargo de esa negociación con una oferta más interesante y acorde al fallo prexistente. Es algo que hasta el temible Thomas Griesa tiene asumido.
La decisión final la tomó el gobierno cuando se convenció de que los beneficios que implicarían ceder ante los buitres no serían disfrutados por esta administración; las inversiones esperarán para llegar y los eventuales créditos tomarían tiempo, mientras que la apuesta china aparece más concreta y accesible, y el gobierno está convencido de que le dará aire para llegar erguido a diciembre. Lo hará sin 'renunciar' a la bandera que enarboló a partir del segundo semestre de 2014 y con la que piensa irse a cuarteles de invierno, cualquiera sea el resultado electoral.
Al concluir el año, la lesionada Presidenta trató de mostrarse optimista y lejana a los problemas, reivindicando los datos 'positivos' de un fin de año muy diferente al que la mayoría había augurado. A través de las redes sociales enarboló el mismo discurso que exteriorizó La Cámpora en afiches, ironizando sobre el 'fin de ciclo' del que la oposición habla, el cual también difundió el ministro Kicillof a través de su flamante cuenta de Twitter.
La Presidenta resaltó el nivel de reservas, que detalló en U$S 31.433 millones, y que 'por primera vez en la historia un gobierno toma la decisión de bajar el precio de los combustibles'. En efecto, la disminución fue del 5%, aunque habría que tener en cuenta que se da en el contexto de una baja del petróleo a su menor valor desde julio de 2009, con una depreciación del 45% este año. Fue la razón que movió al gobierno a tomar tal decisión, para fastidio de Miguel Galuccio, el CEO de YPF.
Si bien bienvenida para los bolsillos de los automovilistas, la baja representa un leve paliativo en un año en el que los precios de la nafta y el gasoil subieron 55% en doce meses, que sucedió al 25% acumulado en 2013, cuando YPF dejó de estar en manos de la española Repsol. Así las cosas, 2015 arrancó con una depreciación de los combustibles, cuando en 2014 había arrancado con una suba. Para los nostálgicos recordemos que entonces la súper pasaba de 8,15 a 8,72 pesos el litro y la premium subía entonces de 8,99 a 9,69. Hoy la súper cuesta 11,31 y la premium 12,74
las más leídas
