Tras la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que retrotrajo la suba del gas al mes de abril, ¿cuál es la estrategia de Casa Rosada? La pelota la tiene la Corte Suprema de la Nación
Cuando todos los argentinos asumían cómo harían frente al aumento de tarifas de servicios, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata le dio un revés judicial al Poder Ejecutivo: los precios de gas deberán retrotraerse al 1° de abril. Ahora, el Gobierno depende de la predisposición de la Corte Suprema para que se expida sobre el tema, para no tener que recurrir al Congreso.

El fallo firmado por los jueces federales César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin abarcó a todos los surgidos en distintas jurisdicciones y nacionalizó el freno a las subas de gas. Si bien en Casa Rosada dudan de la validez de la sentencia, lo cierto es que las empresas prestadoras decidieron frenar la emisión de facturas hasta que el máximo tribunal se exprese.

Por medio de un "per saltum" presentado tres semanas atrás -cuando los fallos provinciales comenzaron a cuestionar las medidas anunciadas por el ministro Juan José Aranguren-, la gestión de Mauricio Macri busca una rápida salida a la cuestión, aunque en Balcarce 50 no descartan tener que recurrir a los caminos formales para llegar a la Corte.

En ese aspecto, los antecedentes más cercanos no le son favorables al Ejecutivo. Cada vez que el tribunal debió expedirse respecto a grandes temas de opinión pública por medio del "per saltum", la respuesta siempre fue negativa –en esos casos de la administración de Cristina Fernández de Kirchner-.

LEA MÁS:

      Embed

El próximo lunes, delegados del oficialismo acudirán a la Cámara platense con un recurso extraordinario para que sea elevado ante el máximo tribunal.

Ahora, el fundamento en el que se basó el fallo de los magistrados de la capital de la provincia no representa un buen augurio para la estrategia planificada por Juan José Aranguren. El veredicto, resultado de una apelación del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), se centró en que todas las subas de servicios deben ser aprobadas mediante audiencia pública.

"Estos supuestos aumentos tarifarios son, en realidad, impuestos que deben ser autorizados por el Congreso, como todas las contribuciones –públicas-", sostuvo el magistrado Schoffrin a Radio del Plata, un día después de conocido el dictamen.

Respecto a en qué se fundamentó la resolución, el juez subrayó: "Esos volúmenes –en referencia a los valores de los aumentos- atacan al derecho de propiedad de la gente, el derecho al propio patrimonio, el que sirve para comer, ese es un derecho absolutamente intangible. Una cosa es la propiedad de los medios de producción y otra cosa es la propiedad que sirve simplemente para la dignidad humana, a ésa no se la puede atacar".

LEA MÁS:

      Embed

El titular del CEPIS, Mariano Lovelli, explicó por qué la medida de la Cámara Federal es de alcance nacional, a contramano de lo que piensan en el oficialismo. "Es para todo el país porque nosotros iniciamos una acción de amparo no por un interés individual, sino que representamos a todos los usuarios del país. Al ser una asociación, estamos autorizados a hacerlo", sostuvo el abogado a Radio del Plata.

Y agregó: "Hay que ver si el Gobierno fuerza su actitud y recurre a la Corte Suprema con un pedido extraordinario, que es la única alternativa que tiene por delante. Ahora existe una sentencia ejemplificadora".

"No discutimos la razonabilidad del aumento. Planteamos la nulidad porque no se cumplió con la norma, que dice que debe citarse a una audiencia pública", argumentó. Y respecto a qué haría en lugar de los usuarios, fue contundente: "Yo no voy a pagar mi cuenta, que se vence la semana que viene".

Si bien en el Ejecutivo no analizaban presentar ante el Congreso un proyecto que se proponga respaldar las subas de tarifas, las distintas resoluciones de tribunales provinciales y nacionales plantean la posibilidad de un cambio de estrategia. Cuando todos los argentinos asumían cómo hacerle frente al golpe al bolsillo, apareció un poco de aire.

      Embed

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2021-110619619-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados