Los Defensores del Pueblo que participaron ayer de la audiencia pública por las tarifas de electricidad advirtieron sobre el peso que tiene la acumulación de los incrementos en las economías familiares y pequeños y medianos emprendimientos productivos y comerciales, por lo que reclamaron al Estado nacional que resguarde la razonabilidad de los aumentos.
Por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso afirmó que “el Estado debe garantizar accesibilidad y asequibilidad” de las tarifas al entender que “los usuarios afrontan incrementos en otros servicios básicos, en productos que hacen a su subsistencia, y en un gran número de casos con incrementos salariales insuficientes”.
“Solicitamos responsabilidad en la fijación de los cuadros tarifarios de las distribuidoras y transportistas ponderando la situación económica de los usuarios”, enfatizó Grosso.
“No se debe exponer a los ciudadanos a optar entre el pago de las facturas y otros bienes esenciales como vivienda, alimentación y salud”, agregó.
La representante de la Defensoría nacional entendió que antes de habilitar las actualizaciones semestrales fijadas por el Estado “debe controlar que se hayan realizado y cumplido con inversiones y se haya mejorado el servicio” al asegurar que “durante todo este periodo siguieron los cortes, hubo demoras en la restitución, y hubo dilaciones de las empresas a pagar las multas”.
A su turno, el representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, reclamó que “se respeten los principios del fallo de la Corte Suprema en el tema tarifas: previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad”.
Amor, quien también es presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, expresó la preocupación por “la situación de los electrodependientes y la tramitación de sus beneficios tarifarios”, por lo que exigió al Ministerio de Salud que “en caso de duda siempre otorgue el beneficio, porque lo que está en juego es la vida de las personas”.
Sobre la tarifa social, Amor consideró que “los kilovatios otorgados en el pack gratuito son insuficientes” y planteó que “hay una situación regresiva que hay que cambiar, porque las personas con menor capacidad económica son las que tienen los electrodomésticos más viejos que son los que más gastan” y afirmó que “si desde la Nación se quiere arribar a la pobreza cero primero debe eliminarse la pobreza energética”.
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