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Allanaron 10 domicilios de empleados y ex directivos del gremio de Marcelo Balcedo, a partir del resultado de escuchas telefónicas en las que detectaron maniobras de destrucción de pruebas.
E l juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó ayer una serie de allanamientos para profundizar la investigación sobre empleados y ex autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) acusados de destrucción de prueba y encubrimiento, informaron fuentes judiciales.
Se trata de una denuncia presentada por el titular de la PROCELAC y del fiscal de La Plata Hernán Schappiro, y donde por escuchas telefónicas en el marco de la causa contra Balcedo se detectaron maniobras para encubrir o destruir pruebas por parte de los empleados del sindicato.
Los allanamientos se llevaron a cabo en las localidades de Adrogué, San Francisco Solano, Palomar y Vicente López. Además hubo tres en La Plata y otros tres en Capital Federal.
En el domicilio de Adrogué vive Gonzalo Heber Da Cunha, considerado mano derecha de Balcedo en el SOEME, incluso a tal punto que es uno de las personas que lo visita en su lugar de detención en Uruguay y se sospecha que es quien estando en libertad ejecuta las órdenes de aquel.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los procedimientos se realizaron “por las escuchas en las que surge destrucción de prueba, como borrar información de computadoras”. Es que en los seis teléfonos pertenecientes a una flota a nombre de Balcedo -que se habían escuchado por disposición judicial- se detectaron diversas maniobras que podrían indicar intentos por borrar pruebas y entorpecer la investigación, tanto antes como después de las detenciones.
Los teléfonos estaban intervenidos desde antes de la detención de Balcedo, ocurrida el 4 de enero pasado en Playa Verde, y se grabaron conversaciones entre personal del SOEME que se organizaba para borrar pruebas ante la amenaza de un posible allanamiento.
Las intervenciones comenzaron a mediados de diciembre y siguieron después de la detención: en ellas aparece Andrea Carabajal, una empleada del SOEME, quien se comunica con un hombre identificado como “Diego” (sería Diego Cataldi) y le avisa que estaban sacando dinero en efectivo.
“Escuchame... tarea para el martes, porque es sumamente urgente, hoy ya no se puede. Me dijo el contador que te avise...apenas llegás... Yo ahora voy a ir a comprar los pendrives. Apenas llegás sacás todo lo que tenés en la máquina de San Juan y Mendoza... Lo que tenías en mails de cheques, ante la duda borrás todo, porque tenemos sí o sí allanamientos la semana que viene (...) Todo lo que tenemos de lo que sea, todo va afuera... No queda nada en SOEME”, le dijo Carabajal por teléfono a otra empleada.
“Che escuchame Dieguito, te hago una pregunta... Mirá que el contador me dijo que borres todo, todo, todo. O sea que si me decís que mandaste algo alguna vez, me lo vas a tener que mandar todo de vuelta”, surge de los dichos de Carabajal en otra escucha.
El resultado de las escuchas motivaron además que el juez Kreplak ordenara la intervención del sindicato en el marco de la investigación contra su titular, “con el propósito de lograr la colaboración efectiva en la investigación judicial de la que el SOEME habría sido víctima o, cuanto menos, evitar su entorpecimiento”.