Conurbano Reservado
El gobierno bonaerense convocó a una nueva reunión del Consejo de Seguridad.
El gobierno bonaerense convocó a una nueva reunión del Consejo de Seguridad para hoy a las 16. La idea del ministro de Seguridad Alejandro Granados es presentar a las fuerzas opositoras el flamante esquema de Policía Local.
Entre el temario a desarrollar, se indicó que se presentarán los principales lineamientos de la Policía Local, fuerza recientemente creada por una resolución ministerial luego de que el proyecto enviado por el Ejecutivo naufragara en el Senado por la resistencia que el Frente Renovador adoptó ante la iniciativa que había aprobado Diputados. También se abordarán otros temas relacionados a la seguridad, la marcha de los Comandos de Patrulla Comunitaria y de la Emergencia en Seguridad.
La semana pasada, legisladores de la oposición radical pidieron a Granados que explique la implementación de la Policía Local a través de una resolución, y en ese sentido reclamaron la convocatoria al Consejo de Seguridad. La respuesta llegó más temprano que tarde.
Desde la gobernación bonaerense emitieron un comunicado oficial en donde el subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus, sostiene que el inicio de las clases para la formación de los efectivos de la Policía Local comenzará en agosto.
El dato es que tras la firma de la resolución ministerial que creó la Policía Local, fueron varios los intendentes de peso del Conurbano que manifestaron públicamente la "necesidad" de implementar lo más rápido que se pueda esa fuerza. Esa idea fue azuzada, incluso, por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Al tiempo que recordó que "el papel del municipio será vital", Jantus confirmó que en agosto "comenzarán las clases de formación en distritos del Conurbano". "La formación de los efectivos será según las características de cada lugar", expresó Jantus, para detallar luego que "no es lo mismo ejercer como agente local en Mar del Plata que desempeñarse en San Martín", aclaró.
La pata judicial
"Si no hay justicia es imposible tener seguridad", advirtió el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, durante la implementación de operativos de control en las principales arterias del distrito que contó con presencia de policías del recientemente inaugurado Comando Preventivo Comunitario (CPC), agentes de tránsito de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Municipio y efectivos de la Gendarmería. Este dispositivo es parte de una política de seguridad impulsada por el intendente, de los que más alentó la creación de la policía local que acaba de ser reglamentada.
Habló de la necesidad de acercar la justicia a la gente, uno de los puntos más reclamados por los vecinos, y a tal fin habló de la necesidad de contar con un Juzgado de Garantías, uno de Familia y una Fiscalía especializada en temas de violencia familiar. "En la medida en que la Justicia esté más cerca de la gente tendremos mayor seguridad", apuntó refiriendo un reclamo común a otros intendentes del Conurbano.
Juicio político
Pero bueno, si bien la policía local marcha sobre ruedas, en gobernación tomaron nota de la realidad que comienza a dibujarse en ámbitos legislativos. Sucede que comienza a ser sopesada la posibilidad, por primera vez, de avanzar en un juicio político al gobernador Daniel Scioli; la movida tiene mucho de política y habla también, en cierta medida, del fin de ciclo de la actual gestión del FpV-PJ.
La solicitud está en la Cámara baja y es azuzada por la diputada de Avellaneda Mónica López, del Frente Renovador, como consecuencia del fallo donde se ratificó que los fallecidos de la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata fueron 89, cifra superior a los 51 dados a conocer por la Provincia.
Y si bien el diputado sciolista de Vicente López Guido Lorenzino desestimó sin vueltas la posibilidad, algunos no tienen tanta confianza en la respuesta que tendrá el conglomerado político que conforma el bloque FpV y por sobre todas las cosas los aliados que resultan imprescindibles.
Tal vez por ello el vicegobernador Gabriel Mariotto primerió con un "se tiene que leer en clave electoralista", en relación a la presentación opositora. "Cuando llegan estas instancias aparecen este tipo de conductas; nosotros sostenemos la bandera de la política y la discusión de ideas", amplió el hombre de Lomas de Zamora.
Tras llovido, mojado
No solo la inundación preocupa a los platenses. Un hecho reciente no para de traer malas nuevas. El allanamiento a la Municipalidad de La Plata frente a las denuncias de "coima" por la rezonificación de terrenos, invadió de preocupación a los miles de beneficiarios que tiene el programa de acceso a la vivienda PROCREAR en la ciudad.
La Justicia Penal investiga a la gestión del intendente Pablo Bruera por un presunto pedido de coimas para autorizar la rezonificación de varias parcelas para ser vendidas a beneficiarios del plan ProCreAr.
En el marco de esta causa, se allanaron dependencias municipales y se secuestraron computadoras y documentación que involucran fuertemente a Mariano Bruera, hermano del intendente, y Enrique Sette, secretario de Gestión Pública, como líderes de la asociación ilícita.
En ese marco, Gabriel Spartino de la comisión directiva del Grupo Unificado de beneficiarios del Procrear de La Plata manifestó su "sorpresa" por la situación. Y expresó cierta incertidumbre ante la posibilidad de que esta causa judicial perjudique a las 650 familias que "estaban a punto de ser rezonificadas".
Según Spartino, se "han generado desde octubre más de 1.400 lotes a través de 12 loteos rezonificados" y anticipó que en las próximas horas "nos vamos a acercar al municipio" para "tener un poco de información y saber cómo están nuestros expedientes".
Pero sucede que fuentes municipales deslizaron que a raíz de los allanamientos y el secuestro de carpetas por parte de funcionarios judiciales se generaría una paralización en los procesos de obra y en la habilitación de nuevos proyectos, ya que técnicamente toda la Secretaría de Gestión Pública que conducía Enrique Sette, quedó atravesada por esta investigación.
Las vueltas
Ahora, peguemos una vuelta por el noroeste del Conurbano y vayamos al terreno eminentemente político electoral. Viejos aliados, otrora socios políticos, el intendente de Pilar, Humberto Zúccaro y el director provincial de Seguridad Vial, José Molina ahora se miden, desconfían uno del otro y esperan la hora del enfrentamiento final.
Las aguas se fueron separando poco a poco tras el pase del jefe comunal a las filas de Sergio Massa. En principio, ambos intentaron mantener su alianza en Pilar más allá del crudo enfrentamiento en que el sciolismo y el massismo mantienen desde las PASO 2013. Pero la situación no dio para más y hoy calibran sus cañones para ser parte de esa disputa.
Molina abrió fuego contra Zúccaro y realizó cuestionamientos a la gestión local, a la que acusó de "no ser pilarense". Además, afirmó que "el "El intendente eligió trabajar con el massismo, y hoy en el municipio la gestión no es pilarense, porque hay muy poca gente de Pilar", afirmó Molina. Polémico, apuntó de lleno y desafió a que "pidan la plantilla de directores, a ver cuántos son de Pilar".
"El proyecto que empezamos en 2003 se desvirtuó: no tenemos agua corriente y cloacas en las localidades, solo el 17% tiene y son los barrios cerrados y el centro de Pilar. Llegamos con otros sueños y pasó otra cosa, no se pudo hacer, y por eso estamos en veredas separadas", disparó el funcionario provincial.
Pero los tiempos cambian, y así como los viejos aliados hoy son contrincantes, Molina teje su armado en compañía de una de las ministras bonaerenses que más simpatizan con el kirchnerismo: Cristina Álvarez Rodríguez. También brindará apoyo logístico el Secretario de Servicios Públicos, Franco La Porta, hombre de San Miguel.
Al tiempo que recordó que "el papel del municipio será vital", Jantus confirmó que en agosto "comenzarán las clases de formación en distritos del Conurbano". "La formación de los efectivos será según las características de cada lugar", expresó Jantus, para detallar luego que "no es lo mismo ejercer como agente local en Mar del Plata que desempeñarse en San Martín", aclaró.
La pata judicial
"Si no hay justicia es imposible tener seguridad", advirtió el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, durante la implementación de operativos de control en las principales arterias del distrito que contó con presencia de policías del recientemente inaugurado Comando Preventivo Comunitario (CPC), agentes de tránsito de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Municipio y efectivos de la Gendarmería. Este dispositivo es parte de una política de seguridad impulsada por el intendente, de los que más alentó la creación de la policía local que acaba de ser reglamentada.
Habló de la necesidad de acercar la justicia a la gente, uno de los puntos más reclamados por los vecinos, y a tal fin habló de la necesidad de contar con un Juzgado de Garantías, uno de Familia y una Fiscalía especializada en temas de violencia familiar. "En la medida en que la Justicia esté más cerca de la gente tendremos mayor seguridad", apuntó refiriendo un reclamo común a otros intendentes del Conurbano.
Juicio político
Pero bueno, si bien la policía local marcha sobre ruedas, en gobernación tomaron nota de la realidad que comienza a dibujarse en ámbitos legislativos. Sucede que comienza a ser sopesada la posibilidad, por primera vez, de avanzar en un juicio político al gobernador Daniel Scioli; la movida tiene mucho de política y habla también, en cierta medida, del fin de ciclo de la actual gestión del FpV-PJ.
La solicitud está en la Cámara baja y es azuzada por la diputada de Avellaneda Mónica López, del Frente Renovador, como consecuencia del fallo donde se ratificó que los fallecidos de la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata fueron 89, cifra superior a los 51 dados a conocer por la Provincia.
Y si bien el diputado sciolista de Vicente López Guido Lorenzino desestimó sin vueltas la posibilidad, algunos no tienen tanta confianza en la respuesta que tendrá el conglomerado político que conforma el bloque FpV y por sobre todas las cosas los aliados que resultan imprescindibles.
Tal vez por ello el vicegobernador Gabriel Mariotto primerió con un "se tiene que leer en clave electoralista", en relación a la presentación opositora. "Cuando llegan estas instancias aparecen este tipo de conductas; nosotros sostenemos la bandera de la política y la discusión de ideas", amplió el hombre de Lomas de Zamora.
Tras llovido, mojado
No solo la inundación preocupa a los platenses. Un hecho reciente no para de traer malas nuevas. El allanamiento a la Municipalidad de La Plata frente a las denuncias de "coima" por la rezonificación de terrenos, invadió de preocupación a los miles de beneficiarios que tiene el programa de acceso a la vivienda PROCREAR en la ciudad.
La Justicia Penal investiga a la gestión del intendente Pablo Bruera por un presunto pedido de coimas para autorizar la rezonificación de varias parcelas para ser vendidas a beneficiarios del plan ProCreAr.
En el marco de esta causa, se allanaron dependencias municipales y se secuestraron computadoras y documentación que involucran fuertemente a Mariano Bruera, hermano del intendente, y Enrique Sette, secretario de Gestión Pública, como líderes de la asociación ilícita.
En ese marco, Gabriel Spartino de la comisión directiva del Grupo Unificado de beneficiarios del Procrear de La Plata manifestó su "sorpresa" por la situación. Y expresó cierta incertidumbre ante la posibilidad de que esta causa judicial perjudique a las 650 familias que "estaban a punto de ser rezonificadas".
Según Spartino, se "han generado desde octubre más de 1.400 lotes a través de 12 loteos rezonificados" y anticipó que en las próximas horas "nos vamos a acercar al municipio" para "tener un poco de información y saber cómo están nuestros expedientes".
Pero sucede que fuentes municipales deslizaron que a raíz de los allanamientos y el secuestro de carpetas por parte de funcionarios judiciales se generaría una paralización en los procesos de obra y en la habilitación de nuevos proyectos, ya que técnicamente toda la Secretaría de Gestión Pública que conducía Enrique Sette, quedó atravesada por esta investigación.
Las vueltas
Ahora, peguemos una vuelta por el noroeste del Conurbano y vayamos al terreno eminentemente político electoral. Viejos aliados, otrora socios políticos, el intendente de Pilar, Humberto Zúccaro y el director provincial de Seguridad Vial, José Molina ahora se miden, desconfían uno del otro y esperan la hora del enfrentamiento final.
Las aguas se fueron separando poco a poco tras el pase del jefe comunal a las filas de Sergio Massa. En principio, ambos intentaron mantener su alianza en Pilar más allá del crudo enfrentamiento en que el sciolismo y el massismo mantienen desde las PASO 2013. Pero la situación no dio para más y hoy calibran sus cañones para ser parte de esa disputa.
Molina abrió fuego contra Zúccaro y realizó cuestionamientos a la gestión local, a la que acusó de "no ser pilarense". Además, afirmó que "el "El intendente eligió trabajar con el massismo, y hoy en el municipio la gestión no es pilarense, porque hay muy poca gente de Pilar", afirmó Molina. Polémico, apuntó de lleno y desafió a que "pidan la plantilla de directores, a ver cuántos son de Pilar".
"El proyecto que empezamos en 2003 se desvirtuó: no tenemos agua corriente y cloacas en las localidades, solo el 17% tiene y son los barrios cerrados y el centro de Pilar. Llegamos con otros sueños y pasó otra cosa, no se pudo hacer, y por eso estamos en veredas separadas", disparó el funcionario provincial.
Pero los tiempos cambian, y así como los viejos aliados hoy son contrincantes, Molina teje su armado en compañía de una de las ministras bonaerenses que más simpatizan con el kirchnerismo: Cristina Álvarez Rodríguez. También brindará apoyo logístico el Secretario de Servicios Públicos, Franco La Porta, hombre de San Miguel.
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