Una última instancia con los bancarios, pero la reforma previsional es un hecho

En efecto, el gobierno tendrá que esperar 15 días para terminar de cerrar el capítulo previsional que abrió cuando la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley que modificaban sendos regímenes jubilatorios que hacían ruido en la administración estatal y también en algún sector de la sociedad.

Hace tiempo que en la provincia, por lo bajo, se venía hablando de algunas inequidades en materia previsional, específicamente sobre el régimen de jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia, de hecho el proyecto de ley que sancionó la Legislatura días pasados no difiere sustancialmente en nada de otro que se presentó formalmente en 2007, en el último tramo de la gobernación de Felipe Solá, pero que fue en un principio también alentado por la nueva gestión que arrancaba a fines de ese año y que encabezaba Daniel Scioli.

También fue durante el gobierno de Felipe Solá cuando se quiso modificar la ley de jubilaciones de privilegio para ingresar entre sus beneficiarios, además del gobernador, vice y legisladores, a los intendentes.

Desde EE.UU., donde se encontraba, el entonces gobernador Solá tuvo que advertirles a los legisladores que vetaría el proyecto de ley si finalmente el Senado lo sancionaba luego de haber sido aprobado por los Diputados; y en el fragor de ese debate no faltaron quienes reclamaron la derogación de la norma madre. Algo que finalmente no pasó.

El punto siempre era el mismo: “¿quién le pone el cascabel al gato?”. Será la gobernadora Vidal. Habrá que verlo.

Sucede que los bancarios encontraron una nueva instancia de negociación para mantener un régimen jubilatorio que efectivamente es deficitario, entre 5 o 6 mil millones por año, aunque se podrían discutir las razones. Hay 15 días de conciliación obligatoria entre los trabajadores y el gobierno, y también son de negociación, donde se avanzará en la reglamentación de la norma sancionada. Pero el espíritu de “armonizar” los regímenes está en el aire y es un hecho.

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En ambos proyectos de ley modificados, los beneficiarios de las jubilaciones percibirán la tasa de sustitución, hasta el 71 % del salario del activo y podrán hacerlo a partir de los 65 años. La movilidad ya no será por la variación salarial del empleado activo, sino por la ley de movilidad jubilatoria recientemente sancionada por el Congreso nacional.

El frío corre por las venas de muchos, porque hasta ahora estamos hablando de unos 800 privilegiados de la política y de no más de 25 mil bancarios, entre activos y pasivos, pero el caso toma otro carácter cuando se lo lleva a otros sectores de los trabajadores en actividad que tiene el IPS de la provincia de Buenos Aires. Y es allí donde encuentran eco los casos puntuales de hoy.

La interna de Cambiemos en el Concejo Deliberante de San Isidro está a flor de piel y parece que no será un período sencillo el que se disponen a desarrollar sus miembros.

La elección de autoridades en el Concejo Deliberante local le propinó un inesperado traspié al intendente Gustavo Posse y a parte del PRO que pretendían imponer en la presidencia del Cuerpo a Andrés Rolón.

Sin embargo, Carlos Castellano se quedó nuevamente con la presidencia a base de consensos y el apoyo de la oposición. No obstante, con las manos solamente de la oposición no alcanzaba y trascendió que dos concejales más de Cambiemos le dieron su apoyo pese a la presión que desde el Ejecutivo se realizó para que los ediles de Cambiemos apoyaran a Rolón, que finalmente quedó como presidente del bloque oficialista.

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Carlos Castellano, que ya no oculta sus intenciones de ser candidato a intendente por Cambiemos en el próximo turno electoral, al ser consultado sobre la relación con Gustavo Posse y la incidencia del intendente en el legislativo, dijo que “a veces tenemos matices pero buscamos los consensos. El intendente opina y es una voz importante, pero también es cierto que los cuerpos legislativos tienen una dinámica propia que es diferente a la mirada que tienen a veces los funcionarios. En los cuerpos legislativos entendemos al otro como un par y no existe una relación de jerarquía”.

La diplomacia de Castellano no podrá detenerse allí, en ese tipo de declaraciones, pues su continuidad en la titularidad del Concejo requerirá mucho de ella.

Pues ahora la oposición busca más que nunca que sus iniciativas sean consideradas en el recinto, algo que no siempre termina de gustar en el Ejecutivo, más propenso a la “jerarquía”. Y ya aparecieron los primeros chispazos: en la sesión de ayer finalmente se pudo sortear el escollo y se aprobó un pedido de informes al gabinete nacional para avanzar fuertemente en la urbanización de las 16 villas que tiene el distrito donde viven unos 30 mil vecinos que no siempre con sus certificados de vivienda logran convencer a las empresas de servicios que les presten los mismos. Finalmente el oficialismo presentó su propio proyecto y hubo despacho en conjunto para avanzar con mayorías en el Concejo.

El juez federal Sergio Torres procesó al diputado nacional y ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, en el marco de una causa que investiga las irregularidades en una obra cloacal en Claypole que no funciona.

En el fallo, el magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de “administración fraudulenta” y embargó por tres millones de pesos al ex mandatario local. Esto mismo ordenó para el ex jefe comunal Daniel Bolettieri, que en ese entonces se desempeñaba como secretario de Infraestructura del municipio y luego sucedió a Giustozzi en la titularidad del Departamento Ejecutivo; y para Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento local.

El juez estimó un perjuicio de casi cinco millones de pesos para las arcas del Estado. Se trata de la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole, el cual no funciona a pesar de haber sido terminado. La obra comenzó en 2009 y finalizó en 2015.

Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.

El Jurado de Enjuiciamiento de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales bonaerenses suspendió en su cargo al fiscal de Morón Alejandro Jons y lo envía a juicio político al declarar la admisibilidad de las delicadas acusaciones en su contra. La suspensión no tiene un plazo específico sino que dura hasta que se abra la instancia definitiva que evaluará su conducta, no antes de abril de 2018.

La otra particularidad de la determinación del organismo provincial es que el fiscal ya no puede presentar la renuncia, así que está obligado a enfrentar al jury que analizará sus actuaciones, por las que llegó a esta instancia. Asimismo, se le embargará el 40 por ciento de su salario, algo protocolar para cubrir los gastos administrativos que demanda el proceso.

Jons, integrante de la UFI 4 de Morón, “se encuentra involucrado en gravísimos hechos que no sólo cuestionan directamente su desempeño como magistrado, sino también que, por su conducta irregular, contradice las leyes que regulan y legitiman los actos de su función, violando con su proceder la recta administración de justicia que la ley impone”.

El expediente abierto en La Plata fue tras una investigación de Karina Iuzzolino, fiscal general adjunta de la Fiscalía General Departamental de Morón, que fue designada por su superior, Federico Nieva Woodgate, para llevar adelante la recopilación de datos que permitan evaluar la actuación de Jons.

La primera de las causas es por un abuso sexual contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, ocurrido en el año 2004. El otro caso que es analizado por el jurado es el que se conoció por los medios hace algunas semanas, luego de un informe presentado por el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata.

La acusación es por haber cobrado una cifra abultada de dinero entre julio y agosto de 2006 para mejorar la condición del imputado de un delito grave como un homicidio, específicamente a cambio de garantizarle a Walter Balcaza, acusado de haber cometido una salidera bancaria con posterior asesinato de una mujer en Merlo.

La justicia penal de La Plata rechazó ayer un pedido de eximición de prisión del intendente de Ensenada, Mario Secco (FpV), imputado por ingresar junto a un grupo de personas al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante una sesión en cuarto intermedio y con los legisladores en las bancas, y el fiscal que instruye la causa evalúa pedirle la detención.

Una fuente judicial explicó que la decisión la adoptó el juez de Garantías Guillermo Atencio, que rechazó el planteo presentado por Javier Percow, abogado del jefe comunal.

Secco está imputado de los delitos de “coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa”, en la causa que instruye el fiscal Marcelo Romero, quien intenta identificar al resto de las personas que ingresaron con el intendente al recinto para luego analizar si pide o no su detención.

La causa se inició el 14 de diciembre luego de que Secco ingresó en plena sesión de la Cámara de Diputados, subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de un paquete de leyes enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Secco fue identificado “a partir de videos que registraron el momento en el que entró al recinto a los gritos” , junto a un grupo de unas 20 personas, que ahora la Justicia también trata de identificar.