En caso de que el presidente catalán incumpla los plazos, o su respuesta no satisfaga al gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno español empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.
El gobierno español dio de plazo hasta el lunes para que el presidente catalán Carles Puigdemont aclare formalmente si declaró la independencia, y, si lo hizo, hasta el 19 de octubre para que rectifique, dijo a la agencia de noticias AFP una fuente gubernamental.
En caso de que Puigdemont incumpla los plazos, o su respuesta no satisfaga al gobierno de Mariano Rajoy, este empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.
De esta forma, se abre un paréntesis que contribuye a rebajar la tensión sin que ni el gobierno de Cataluña ni el gobierno de España hayan retrocedido en sus planteamientos de máxima.
Rajoy movió esta ficha ante el complejo e incierto escenario en el que quedó Cataluña tras la esperada comparecencia en el parlamento catalán de Puigdemont, quien ayer afirmó que tras el referéndum del 1 de octubre tenía mandato del pueblo para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió una suspensión de la declaración para intentar abrir un cauce de diálogo y negociación para una “solución acordada”.
El presidente regional, quien frenó una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) pactada con sus socios anticapitalistas de la CUP, reclamó que los Ejecutivos de Barcelona y Madrid aborden “un diálogo sin condiciones”, según subrayó en una entrevista que publicó hoy la cadena CNN, que fue realizada antes de conocerse la exigencia de Rajoy.
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“Nosotros no hemos renunciado absolutamente a nada, hemos dado un tiempo muerto para explorar el diálogo; no es un paso atrás ni una renuncia”, dijo por su parte el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull.
“Si aplican el 155 quiere decir que no quieren dialogar y quedará claro que hemos de ser consecuentes con nuestros compromisos”, advirtió Turull refiriéndose a que avanzarán hacia la ruptura.
La mínima esperanza de que el mandatario accediera a la pretensión de los secesionistas de negociar sobre la autodeterminación no solo quedó sepultada con la activación del artículo 155 de la Carta Magna, sino con sus posteriores palabras en el Congreso de los Diputados, donde Rajoy afirmó que “no es posible aceptar, bajo la apariencia de diálogo, la imposición de puntos de vista que se hacen imposible aceptar”.
“Tampoco puede negociarse sobre la soberanía del conjunto de España y la indivisibilidad de la nación española. Eso lo tiene que tener en cuenta los mediadores de buena voluntad que se han ofrecido”, sostuvo Rajoy, rechazando dialogar sobre un referéndum de autodeterminación y en un marco de “desobediencia”.
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