12-12-12 Argentinísimo

En el caso de la fragata, amarrada en Ghana desde hace 75 días, fue el Tribunal del Mar quien se pronuncio a favor del gobierno argentino. En el caso de la ley de medios, ha sido el juez Horacio Alfonso el que decidió concederle estatuto constitucional a dos artículos de la citada norma, oportunamente impugnados por quienes se sintieron legalmente vulnerados. Así es la justicia cuando priva la cordura y la cultura de la juridicidad. ¿Qué es la juridicidad? El lector de DIARIO POPULAR tiene derecho a hacerse esta pregunta. La historia demuestra que en innumerables oportunidades los fallos de los tribunales dejan descontentos a una o ambas partes. Estimulada por trasnochadas interpretaciones ideológicas e instalado en el despecho permanente, el Gobierno tendió siempre a cazar fantasmas y a visualizar tremebundos enemigos. Lo de la fragata se resuelve y volverá al país tras el accidentado episodio de Ghana. Lo de la Ley de Medios no es tan contundente porque es inevitable que el Grupo Clarín se defienda en la justicia y la urgencia oficial se seguirá diluyendo. Pero, ¿son acaso estos temas los más importantes que se viven en el seno de la sociedad ahora mismo? Me temo que no. Antes bien, creo que el ruido con el que tradicionalmente se ensordece la Argentina no permitió calibrar en toda su magnitud el desastre callejero del miércoles 12, una secuela de horrores que rápidamente fue tragada por la ya anestesiada sensibilidad nacional, como si nada grave hubiera sucedido.

Lo dramático del 12-12-12 es que, en pocas horas, el control del orden público fue perdido de manera deliberada. Mientras un puñado personas enmascaradas destruía la Casa de Tucumán ante una Guardia de Infantería de la Policía a la que el Gobierno le dio orden de mirar sin responder al virulento vandalismo en acción, varios millares de enfebrecidos hinchas de Boca permitían que un par de centenares de delincuentes muy agresivos hicieron polvo la Plaza de la República.

Ni el Obelisco ni la Casa de Tucumán fueron irreversiblemente perdidos. Todo lo que es hormigón armado, ladrillos, hierro y cemento es recuperable. Basta pensar en las Torres Gemelas del World Trade Center, pulverizadas por el terrorismo internacional el 11 de septiembre de 2001 y en cuyo solar se levanta un portento arquitectónico aun más colosal. Lo que la Argentina debería lamentar es la confirmación ya indudable de que el programa del Gobierno es renunciar para siempre al monopolio legal del uso de la fuerza. Los argumentos anti represivos formulados desde 2003 fueron durante algunos años muy válidos y en ello el Gobierno parecía tener razón. Después de los salvajes asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en junio de 2002, ¿quién podría autorizar de nuevo a las fuerzas policiales argentinas a usar ya no armas de fuego, sino incluso armas no letales (como gases y balas de goma)? Pero una década después de aquella matanza cruel, los hechos del 12-12.12 ratificaron que bajo el pretexto de que las policías argentinas no saben garantizar el orden público en arreglo a las normas legales, hay dormirlas, paralizarlas y quitarles toda posibilidad defender personas y bienes públicos y privados.

Esta estrategia hace ruido desde siempre en las fuerzas de seguridad y por eso la orgía de violencia impune y tolerada del miércoles desembocó en la renuncia del anodino comisario Enrique Capdevila, el jefe de la Policía Federal sistemáticamente desautorizado, puenteado y ninguneado hasta el final por la conducción política oficial de la seguridad (Nilda Garré y/o Sergio Berni).

Ése es el saldo amargo de la semana. Desde el Gobierno no se pudo ocultar que en el tema seguridad y orden público los que mandan siguen agarrotados por la idea de que aplicar las normas o garantizar la vigencia de la ley es 'reaccionario'. Seducidos por la fantasía populista de que toda movilización es legítima aunque implique una brutal destrucción del orden, el Gobierno ha tolerado y también impulsado las cabinas de doble comando. Es imposible negra que Garré y Berni comandan el peligroso biplaza de la seguridad, cada uno aferrado a diferentes manijas del poder presidencial, pero en abierta e innegable competencia.

Estos desajustes, demostración de una fragmentación que terminará perjudicando directamente al mismísimo Gobierno, son realidades mucho más explosivas y volátiles que las batallas judiciales emprendidas por una gestión embriagada de 'guerras culturales'. En ellas conviene fijarse, porque descontroles descomunales como los que se vivieron esta semana apuntan a un negro precipicio. Se halla más cerca de lo que en el Gobierno quisieran admitir.i