La Justicia rechazó el planteo presentado por el jefe de Seguridad del Millonario. Ahora, Gabriel Riccio está procesado por la presunta “coacción” que sufrió el arbitro de River - Belgrano.
El encargado de seguridad de River Plate Gabriel Gustavo Riccio sufrió un nuevo revés en la Justicia en la causa en la que está procesado por el presunto “apriete” al árbitro Sergio Pezzotta, la tarde en que el equipo de Núñez descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.

La Cámara del Crimen declaró “mal concedido” y -por ende- rechazó un planteo formulado por su defensa reclamando la “nulidad” de su llamado a indagatoria.

“No surge un agravio relativo a la conculcación del derecho  de defensa sino una disconformidad con la situación procesal que actualmente afronta Gabriel Gustavo Riccio”, dijeron los camaristas Jorge Rimondi y Alfredo Barbarosch.

Riccio está actualmente procesado por la presunta “coacción” que sufrió Pezzotta en el entretiempo del partido que River disputó con Belgrano de Córdoba el 26 de junio de 2011, cuando se fue al descenso.

Junto con Riccio también están procesados José María Delaico, jefe de Seguridad de River; José Casal, un hombre cercano al presidente del club, Daniel Passarella; el vocal Néstor Morelli; el supuesto nexo con la barra brava, Javier Biernakowicz, el policía Matías Ponce y los barras Martín Araujo (Martín de Ramos), Juan Carlos Leguizamón (Chimi), Sergio Medina (Ale de Budge) y Flavio Raguzzi (el Profe).

La defensa de Riccio argumentó que “nada de las constancias de la instrucción demuestran que Riccio haya formulado una amenaza,  nada confirma que haya estado en el vestuario del árbitro  y  nada  consta que vincule físicamente a Riccio con Pezzota”.

La Cámara replicó que “recién ahora se pretenden zanjar cuestiones que debieron ser planteadas en el momento procesal oportuno. No sólo han transcurrido más de siete meses desde la fecha en que Riccio fue legitimando  sino que en la actualidad se encuentra procesado”.

El planteo de Riccio era uno de los temas pendientes que frenaba la elevación de la causa a juicio oral y público.

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