Luego de lo firmado entre la central obrera y la cámara empresarial, siguen otras expresiones de rechazo al acuerdo de reducción de haberes

El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi) rechazó "una eventual reducción de salarios" en medio de la pandemia de coronavirus y se opuso de forma categórica al acuerdo firmado el lunes último entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

También rechazó el acuerdo la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El secretario general de Secasfpi, Carlos Ortega, cuestionó en un comunicado de prensa que "los trabajadores cobren un 75 por ciento de sus haberes y que esa realidad sea homologada" en pleno período de aislamiento.

"El Secasfpi se rige por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, por lo que rechaza cualquier rebaja o descuento salarial en la modalidad que sea", afirmó el dirigente, quien milita en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT.

Ortega aseguró que "se impone el cobro del salario completo, como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo", y repudió el consenso logrado entre la CGT y la UIA.

A través de su secretario Gremial, Alejandro Garzón, la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió a su vez ese acuerdo de partes, que obliga a las empresas a pagar el 75 por ciento de los salarios a sus trabajadores en caso de ordenar suspensiones en actividades paralizadas a causa de la pandemia.

"La ATE repudia de forma absoluta ese pacto entre la CGT y la UIA por ser una nueva entrega de la burocracia sindical, que implica considerar a los trabajadores responsables de su encierro obligatorio", expresó el dirigente gremial.

El acuerdo, ya también convenido con las cámaras por parte de los gremios de comercio, mecánicos, petroleros y metalúrgicos, entre otros, permite suspensiones durante 60 días al 75 por ciento del salario neto en el sector privado y rige de forma retroactiva al 1 de abril y hasta el 31 de mayo próximo.

“Es doblemente grave, porque además se afectarán los aportes previsionales y otras cargas. Hay que implementar el impuesto a la riqueza a quienes se fugaron y enriquecieron mientras la mayoría se empobreció", señaló Garzón, quien explicó que la ATE también exige "el no pago de la deuda externa y la nacionalización de los bancos y empresas de producción de alimentos de primera necesidad".

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