En el país funcionan unos 5.000 espacios de albergue para personas mayores. Unos 1.000 no están habilitados. Pero ninguno puede quedar afuera de testeos y controles, para evitar una tragedia sanitaria

El drama en Moreno por un geriátrico que no estaba habilitado y en el que falleció una mujer de 82 años el pasado 5 de abril por coronavirus, puso en superficie la necesidad de poner el foco en la realidad puertas adentro de los 5.000 establecimientos legales o "truchos" que albergan a más de 150.000 ancianos en todo el país. El alerta se fundamenta en la vulnerabilidad natural del sector por la edad y problemas de salud previos, sumado a que la pandemia en combinación con la crisis económica genera que menos personal se encargue del cuidado de los adultos mayores internados.

En diálogo con Diario Popular, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, sostuvo que "se viene trabajando con mucha intensidad con el Ministerio de Salud de la Nación para evitar contagios masivos en los geriátricos y evitar lo que ocurrió, por ejemplo en España, porque la realidad es que se trata de un sector en extremo vulnerable que está en peligro máximo y como sociedad tenemos la obligación de pensar estrategias para evitar un desastre sanitario".

En torno al caso del geriátrico "La Nona" de Moreno, la primera víctima, identificada como Carmen Britez, falleció el 5 de abril en un sanatorio privado y que, cinco días después, se confirmó que la mujer era portadora de Covid-19. Seis días después, otra anciana que estaba en institución murió y ahí fue cuando se activó el protocolo para coronavirus.

Las autoridades acudieron al lugar y se encontraron con que no tenía los papeles de habilitación en regla, por lo que lo clausuraron. Quince de los residentes del geriátrico fueron trasladados a un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires y otros dos fueron a vivir con sus familiares. Ahora el municipio espera los resultados de los análisis realizados a la segunda mujer fallecida en el geriátrico para saber si murió por coronavirus, lo que significaría que se contagió en el lugar.

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Trascendió que una de las personas que trabaja en el hogar cuidando a los residentes también dio positivo, aunque permanecía en buen estado de salud.

Semino expresó que "en esta etapa estamos reflexionando sobre los geriátricos legales y también los ilegales, porque en ambos se necesita que el Estado tenga presencia, y para ello es necesario dejar de lado la burocracia, ya que estamos ante una situación que requiere de respuestas pragmáticas", precisando que "los espacios que no tengan habilitación también deben saber que pueden pedir ayuda y que allí estaremos, pero se les deben dar garantías de que podrán seguir trabajando".

"La prioridad es que no se mueran los viejos que están internados, más allá del lugar donde estén. En Argentina hay unos 4.000 geriátricos que trabajan con toda la documentación en regla y alrededor de 1.000 que no tienen habilitación. Para la política pública en relación a la pandemia del Covid lo necesario es activar la ayuda en todos los espacios. Son más de 150.000 las personas mayores que están en peligro concreto de contagiarse y morir. Este tema debe estar en la mesa de las prioridades", dijo Semino.

Entre los problemas que convierten a la población de los geriátricos en un asunto delicado, el Defensor de la Tercera Edad manifestó que "se trata de lugares donde hay una altísima concentración de viejos, que son justamente el sector más vulnerable, y es necesario decir que el sector está funcionando con el 30% del personal que los asiste".

"La mayoría de las personas que trabajan en los geriátricos son pobres, de sectores vulnerables, por lo que el riesgo de propagación del virus es más alto. El Estado tiene que entrar a los geriátricos, gestionar ahí, testear lo que sea posible y hacerlo en equipo. Sólo así vamos a salvar vidas", dijo Semino.

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