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El proceso inflacionario en Argentina cobró una magnitud tal que ya hay varios productos alimenticios que integran la canasta familiar, que salen de costo más de $ 1.000 por Kg.
El registro informativo dirá de manera directa que queso rallado, atún, chocolate, aceite de oliva e infusiones integran ese desmedido guarismo de valores que vuelve insostenible cualquier consideración, teniendo en cuenta que la jubilación mínima es de $ 10.000, es decir que un jubilado podría comprar 10 Kg de solo alguno de estos productos por mes y agota su presupuesto, quedando sin margen para pagar ningún otro tipo de bien o servicio público, o del carácter que fuera.
Veamos los ejemplos que los propios medios gráficos ya difunden:
El queso rallado, el paquete de 80 gramos de la marca La Serenísima se vende en las grandes cadenas de supermercados a $85,20, lo que da como resultado un valor de $1.065 por kilo. Otro producto de consumo cotidiano que también llegó a las cuatro cifras es el atún al natural La Campagnola, con un precio de $134 por lata de 120 gramos que da un total de $1.124 por kilo. También se repiten los números que superan o se acercan a la barrera de los $1.000 para los chocolates y el aceite de oliva. El chocolate Águila blanco para taza tiene un precio de $99,90 por 100 gramos. Y los aceites de oliva de las marcas más Premium van de los $1.196 a los $1.238 por litro.
Algunas infusiones también superaron la barrera. El frasco de 100 gramos de café soluble La Virgina tiene un precio de $139 por 100 gramos y $1.390 por kilo. Otros ejemplos: el paquete de 100 gramos de polvo para preparar capuchino light de La Virginia cuesta $99,90 por 100 gramos ($999 el kilo) y los tés Taragüí aromáticos (en saquitos) suman $1.983 por kilo en una de las principales cadenas de supermercados.
Hace ya una década, durante todos los Domingos, en este prestigioso y masivo medio de comunicación que es POPULAR difundimos a los largo de 800 palabras algunos consejos para que los consumidores y usuarios defiendan sus derechos. Es una tarea que me apasiona y que agradezco siempre sabiendo que puede resultar útil para que algún ciudadano pueda mejorar su calidad de vida, evitando caer en engaños en el mercado de consumo, o bien pueda disponer de herramientas para resolver los conflictos que pudiera tener por productos o servicios defectuosos.
Es difícil dar algún consejo cuando la realidad de los consumidores es tan apremiante y determinan que en nuestro país, alrededor del 30% de la población viva bajo la línea de la pobreza y que la mitad de los menores de 18 años sean pobres estructurales, lo que significa que no podrán acceder al mínimo de bienes y servicios para una vida digna.
El derecho del consumidor parece tener menos herramientas para discutir la pobreza o su prima hermana la inflación, que para discutir una garantía obligatoria o un servicio técnico adecuado.
Pero eso es solo una apariencia, porque como lo dijo en más de una oportunidad el Jurista Argentino Gabriel Stiglitz, quién fuera uno de los catedráticos más prestigiosos y notables de nuestro país, y el autor de los proyectos y ante proyectos de la mayoría de nuestra abundante legislación y doctrina defensora del consumidor; el primer derecho del consumidor es el “acceso al consumo”
Es decir que todo el universo del derecho al consumidor, reporta a ese principio elemental que todos los ciudadanos tenemos el derecho inalienable de acceder al mercado de bienes y servicios; derecho que por supuesto es absolutamente incumplido si la relación de precios y de ingresos de vastos sectores de la población impiden acceder de manera habitual y sostenible a esos bienes y servicios.
Considerar que ya hay varios productos que cotizan al consumidor por encima de un valor por unidad (kg) superior valor, del billete de mayor circulación ($ 1.000), es concluyente con relación a cualquier comparación de ingresos, salariales, previsionales o de cuenta propia; que tienen promedios de entre 10 y 30 mil pesos mensuales, lo que determina una tremenda restricción.
La demanda de solución a este flagelo, que es la inflación y la pobreza de la sociedad, es naturalmente a la política y a la dirigencia de todo tipo, pero lo que quiero señalar hoy, es que el Derecho del Consumidor, no está ajeno a ese reclamo y tiene todas las herramientas y facultades para efectuar el reclamo. Desde las ONG, que agrupan a los consumidores, pasando por los funcionarios técnicos de la materia, y hasta los especialistas pueden contribuir en hacer escuchar su voz y presentar sus propuestas para lograr soluciones de fondo, porque como reza el refrán, finalmente “consumidores somos todos”.