El 40 por ciento de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires no está registrado y ese promedio aumenta hasta cerca del 95 por ciento en el resto del país, en una práctica que genera una evasión anual de unos mil millones de dólares al sistema previsional, según denunciaron desde la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP).
La problemática, que resurgió a partir de los casos de profesionales que ejercían sin título el Hospital Ángel Marzetti del distrito bonaerense de Cañuelas, se vuelve cada vez más común. Es que, de los más de 25 mil médicos que se estima que trabajan en Capital Federal, hay unos 10 mil que no estarían debidamente registrados. El secretario general de la AMAP, Héctor Garín, resaltó que representa “un grave problema” para el país, destacó que desde esa entidad realizaron muchas denuncias y ocurren “especialmente en empresas de ambulancias y clínicas o sanatorios pequeños del interior provincia y el Gran Buenos Aires”, por lo que le pidió a las “autoridades y responsables de los controles que cumplan con su tarea”.
Garín, especialista en Cirugía General, Ginecología y Sistemas de Salud, explicó que la no registración va desde “la contratación de algunos médicos extranjeros, que no han hecho la reválida de su título en la Argentina y no están autorizados a trabajar en nuestro país”, hasta “casos más graves como la contratación de personas que no tienen título de médico o no finalizaron sus estudios”. “El 40 por ciento de los trabajadores médicos de la Capital Federal no está registrado, no tiene un trabajo denominado por la Organización Internacional del Trabajo como decente y, en el resto del país, hay muchas provincias con un 90 o 95 por ciento de no registrados”, detalló. E ilustró con una anécdota: “En Santiago del Estero nos pasó que, de todo el padrón del Colegio Médico, sólo dos estaban registrados. No era ni el 1 por ciento”.
En ese sentido, el titular de AMAP apuntó que “sólo con la registración se permitiría un mayor control de la situación y habilitación de los profesionales contratados, evitando una evasión de 1.000 millones de dólares al sistema previsional y de obras sociales”, al tiempo que comparó: “Salimos a buscar préstamos al exterior por mucha menos cantidad de dinero que esas, cuando todo está acá”.
“Más allá de la evidente falta de contralor por parte de los diferentes ministerios de Salud, responsables del cumplimiento de las leyes de ejercicio profesional, también ocurre que las empresas prestadoras de servicios de salud tienen facilidades para incumplir la ley y contratan profesionales no habilitados con el único fin de cubrir espacios, pagando menos honorarios para generar mayores ganancias”, disparó.
Por otra parte, puso la lupa en la dificultad de regular la actividad: “Desde AMAP hemos realizado denuncias ante los ministerios de Salud y Trabajo, pidiendo inspecciones múltiples. Pero sobre todo en los servicios de ambulancias es muy difícil, porque los trabajadores no están en las bases. O se enteran que hay un operativo y se van”.
“Algunos vienen desde diferentes partes del país a hacer guardias a Capital o Provincia porque se paga más. Se quedan dos o tres días de forma continuada en la ambulancia, bajan en casas, atienden familias y al tercer día se van, cobrando en negro. Las empresas se aprovechan de la necesidad de los médicos. Y además, ¿cuál es la responsabilidad de los actos médicos si trabajás un día y después te vas?rdquo;, resaltó Garín.
Al ser consultado por las especialidades más afectadas, el médico reconoció que “pasa en diferentes áreas, pero la más sencilla para ingresar es la que tiene que ver con las emergencias”. De hecho, aseguró que “en Chaco han dejado a cargo de una guardia de Terapia Intensiva a estudiantes de sexto año, que todavía no tienen el título”.
“La salud viene deteriorándose hace 20 o 30 años y estamos llegando a una situación enormemente preocupante. Por eso somos muy críticos de muchas leyes laborales que favorecieron a los grandes emporios de medicina prepaga, en detrimento de las entidades más pequeñas. Incluidas las empresas de prepagas gremiales”, acusó.
Finalmente, exigió: “Necesitamos prevenir con controles desde el Estado, que no puede alegar ignorancia o que no es su responsabilidad. El Colegio Médico deber controlar la matrícula, pero el Estado le delega la tarea y la responsabilidad es suya. En muchas resoluciones, como la ley de salud mental o la de medicina prepaga, no interesa lo que sucede ni con el médico ni el paciente”.