El año pasado, los vecinos de Parque Patricios lograron ganar la pulseada por la conservación del histórico edificio, pero ahora, como si fuera un pase de factura, la empresa propietaria los demandó por ese monto

Por algunos años, los vecinos de Parque Patricios intentaron recuperar el Cine Teatro Urquiza, cerrado desde la década de 1970, y reconvertido en un supermercado chino que cerró en 2013 cuando los dueños del edificio lo vendieron a una empresa que se propuso construir allí una torre de oficinas.

Los vecinos se han organizado para pedir a las autoridades por la preservación del lugar, que debería haber contado con una protección legal, de acuerdo a la Ley N° 14.800 de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, en mayo del año pasado, la empresa Establecimientos Campana, los vecinos, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) llegaron a un acuerdo por el que la firma se comprometía a realizar el emprendimiento inmobiliario que tenía planeado pero incluyendo salas de cine y teatro en las que se realizarán diversas actividades culturales con activa participación de los vecinos.

Pero, hace unas semanas, los integrantes de la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza fueron notificados mediante carta documento de una mediación que se realizó el día de ayer, 18 de Junio. Cuál sería su sorpresa al enterarse de que Establecimiento Campana les reclama ahora a los vecinos la cifra de 400 mil pesos por los daños y perjuicios.

Estos supuestos contratiempos no son otra cosa que las acciones que emprendieron los vecinos la presentación de una acción de amparo que tenía por objeto el cumplimiento de la Ley 14.800 y la protección patrimonial del Cine Teatro Urquiza.

Como se describió, el amparo judicial presentado por la asamblea concluyó con un acuerdo de partes firmado el 16 de mayo de 2018, y homologado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad el 8 de agosto de 2018, en el que todos se comprometieron a actuar de buena fe y de manera colaborativa para el más adecuado cumplimiento de lo pactado.

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De acuerdo a los integrantes de la asamblea, “el inicio de estas instancias para demandar a los integrantes de la Asamblea no tiene asidero jurídico” debido a que la controversia judicial finalizó con un acuerdo.

“Además, al día de la fecha no tenemos conocimiento de que Establecimientos Campana haya cumplido con la normativa vigente y se haya otorgado el permiso de obra nueva correspondiente y el certificado de aptitud ambiental”, agrega un comunicado firmado por las ONG´s Observatorio del Derecho a la Ciudad, Asociación por la Justicia Ambiental, y la Asamblea Ciudadana Basta de Demoler, entre otras.

Además, el informe explica que la obra de Establecimientos Campana no se inició por decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no por la presentación de la acción judicial ya que el 16 de enero de 2017, la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) le comunicó a la empresa que el proyecto presentado no se adecuaba a la ley. al tiempo que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) desestimó el proyecto por no cumplir con la cantidad de butacas que exige la ley.

Esto es porque el Cine Teatro Urquiza tenía aproximadamente 1400 butacas y el proyecto presentado apuntaba a una construcción de una sala de 140 espectadores. Otro detalle es que la superficie original del Cine Teatro Urquiza era de 1.114,40 m2 y la propuesta de la empresa era de 208,30 m2.

Los asambleistas acusan que, al igual que realizó el Gobierno nacional en su momento con los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que protestaban por la instalación de la papelera Botnia en Uruguay, utilizan la persecución judicial como herramienta implementada por “desarrolladores inmobiliarios y el GCBA para generar temor en las asambleas y colectivos”.

“Esto ha sucedido en reiteradas oportunidades en la ciudad. El propio GCBA ha demandado a la ciudadanía, como es el caso de Basta de Demoler o ha tercerizado en las empresas inmobiliarias la persecución como en el caso de los Vecinxs de Roccatagliata, o en ONGs afines al PRO como fue la Asociación Los Verdes contra integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Una vez más, los ciudadanos que defienden los bienes comunes de los porteños, su historia y su cultura son perseguidos por los que ven la ciudad sólo como un espacio para hacer negocios”, aseveran.

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