Lácteos Verónica, histórica firma santafesina, acumula más de 2.900 cheques rechazados y meses de parálisis productiva.
La crisis de Lácteos Verónica ingresó en una nueva etapa. La histórica empresa santafesina, administrada por la familia Espiñeira, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para intentar evitar la quiebra, después de meses de parálisis productiva, cesación de pagos y un creciente conflicto laboral que afecta a trabajadores, proveedores y productores tamberos.
La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, de la ciudad de Buenos Aires, y expone un pasivo declarado de $15.945 millones. El rojo incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones con entidades como Banco Nación, Santander, Galicia, Macro, Provincia, Ciudad y otras compañías financieras. A eso se suma una situación particularmente compleja: la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por un monto aproximado de $11.200 millones.
El impacto de la crisis excede a las entidades financieras. Unos 150 productores tamberos que abastecían de leche a la compañía también quedaron afectados por el deterioro de la situación. Según las estimaciones difundidas, las acreencias acumuladas con ese sector rondarían los US$60 millones, generando un fuerte impacto sobre las cuencas lecheras de la región.
La debacle financiera también tuvo consecuencias directas sobre el empleo. Durante el último semestre, la compañía había intentado avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis que contemplaba la desvinculación de unos 200 trabajadores. Sin embargo, la falta de liquidez terminó afectando la operatoria de las tres plantas que la empresa posee en Santa Fe: Clason, Lehmann y Suardi.
Los trabajadores llevan meses sin cobrar sus salarios y, ante la falta de ingresos, las autoridades provinciales y municipales debieron intervenir con asistencia alimentaria para algunas de las familias afectadas. Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, encabezado por Roald Báscolo, reconocieron que la presentación judicial era un desenlace que podía producirse luego del deterioro de la situación financiera y laboral.
En las plantas, mientras tanto, los empleados atraviesan un escenario de incertidumbre. “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”, señaló Domingo Possetto, delegado de Atilra en Lehmann, al resumir la preocupación de los trabajadores ante la falta de respuestas del directorio.
En medio de este panorama apareció una alternativa, aunque todavía limitada, para una parte de la plantilla. La cooperativa cordobesa Copalac, de Morteros, acordó operar bajo la modalidad de “fasón” las instalaciones de Verónica en Suardi. El convenio permitirá ingresar leche cruda y retomar la producción de leche en polvo, con la reincorporación provisoria de unos 30 trabajadores.
Desde Atilra remarcaron que el acuerdo contempla garantías para quienes vuelvan a prestar tareas. “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, indicó la representación sindical.
El entendimiento supone una pausa en la parálisis de Suardi, pero no resuelve la crisis estructural de la compañía. Ahora, el concurso preventivo abre una instancia judicial en la que deberán ordenarse las deudas y definirse las posibilidades de continuidad de una empresa que durante años fue una de las marcas tradicionales de la industria láctea argentina.
El contraste con su pasado reciente es significativo. Entre enero de 2020 y abril de 2025, Lácteos Verónica exportó manufacturas por más de US$102 millones hacia mercados de África y Medio Oriente. La empresa llegó a consolidarse como una importante exportadora de quesos y manteca. Hoy, sin embargo, su futuro depende de la capacidad de reestructurar un pasivo de casi $16.000 millones y encontrar una salida que permita recuperar la producción y sostener los puestos de trabajo.
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