Hace 25 años, el 17 de febrero de 1994, Matías Bagnato tenía 16 años y era testigo del peor horror: un incendio, intencional, terminaría con la vida de sus padres, José y Olga, sus dos hermanos, Fernando y Alejandro, y de Nicolás, un amigo de uno de ellos que se había quedado a dormir. Él logró escapar del fuego por la ventana de su habitación.
El asesino, Fructuoso Álvarez González, fue capturado días más tarde y condenado a prisión perpetua. La Justicia lo extraditó a España, de donde es oriundo; luego fue liberado, pero en 2011 se corroboró que había falsificado datos y volvió a prisión. El año pasado, el hombre solicitó a la Justicia, mediante la Ley de Extrañamiento, su expulsión del país. Matías pudo sentarse ante los jueces y pedir que Álvarez Gonzáles siga preso: la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el rechazo del pedido.
“Más allá de los años, para mí todos los días son lo mismo, desde ese 17 de febrero no hay día que no sienta la ausencia de mi familia. Obviamente también tiene el condimento de que nunca puedo terminar de cerrar el capítulo; más allá de la ausencia, es estar siempre con todo este tema latente por la realidad a la que me somete la Justicia que es continuamente los pedidos de libertad anticipada que pide este monstruo”, dijo en diálogo con POPULAR Matías Bagnato, único sobreviviente de la llamada Masacre de Flores.
Respecto a la causa judicial, Bagnato explicó que el año pasado, luego de que se terminara el proceso que se realizó a través del pedido de la defensa del acusado por la Ley de Extrañamiento, volvieron a llamarlo desde la Fiscalía para decirle que Álvarez González había iniciado los trámites de libertad condicional.
“Cualquier ciudadano de pie no entiende y yo tampoco entiendo cómo puede ser que siempre pase lo mismo, que cada seis meses un detenido pueda pedir un beneficio. Vivo esto desde 2010 y no es vida”, sostuvo y agregó: “Tuve una reunión con la Comisión Penal de la Cámara de Diputados y lo que planteé fue eso. Con los tiempos de los procesos penales en nuestro país, es una tortura para las víctimas vivir así. Él pide un beneficio y hasta que se expide la Fiscalía, luego el Juez, luego Casación y el proceso se termina, pasaron varios meses y otra vez está habilitado a pedir otro beneficio. Es una tortura porque mi vida se transforma cada vez que pasa esto. Yo no tengo duda de que si este tipo estuviera libre me mataría a mí y a mi abuela”.
La inclusión de una víctima dentro del juicio es un mecanismo incorporado por una ley que establece distintas herramientas de protección para quienes sufrieron un delito. Justamente, y con el paso de los años, Matías se convirtió en una figura clave de esta normativa, la Ley de Protección de Víctimas, la cual asegura la representación jurídica a las víctimas de delitos y crea la figura del defensor público en este contexto. Esta normativa es de orden público, es decir, no es necesario que cada provincia adecue su Código Procesal, sino que todo el país tiene que escuchar a las víctimas.
“Si tengo la posibilidad, voy a declarar. Cuando él me amenaza en 2010, a mí la Justicia no me deja acceder a los expedientes porque no formaba parte de la causa. Formar parte fue lo que logramos hace dos años por la Ley de Víctimas y en mi caso fue el primero en la justicia ordinaria. Tuve la posibilidad de ser escuchado por los Jueces de Casación. Si puedo, voy a ir a declarar otra vez. Es importante que los jueces me miren a la cara y me digan los argumentos por los cuales podría quedar libre”, aseguró.
Como lo hace desde hace 25 años, decide homenajearlos. Mañana, a las 18:30, Matías recordará a su familia en la Plaza Simón Bolívar de Flores. “El Gobierno de la Ciudad se comunicó conmigo. Este lunes vamos a colocar una placa en una plaza que está ubicada a una cuadra de la casa donde vivía con mis viejos. A ese lugar iba con mis papás y con mis hermanos a pasear a mis perros, es el lugar donde tengo los recuerdos más lindos”, concluyó.