La empresa de transporte Uber aseguró ayer que los pedidos de detención contra sus directivos fueron rechazados por la Justicia por ser “manifiestamente improcedentes” y negó que la aplicación haya sido bloqueada a nivel nacional.
El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú había solicitado la detención de los directivos de Uber por su incumplimiento a la clausura impuesta por la Justicia para la realización del juicio oral.
Además, había pedido que la clausura/bloqueo preventivo de la página web y la aplicación Uber dispuesta por la justicia, el 22 de abril de 2016, se haga extensiva a todo el territorio nacional.
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Ayer, la empresa salió a aclarar algunos puntos de la causa judicial y aseguró que los pedidos de detención fueron fuertemente rechazados por el Juzgado por ser “manifiestamente improcedentes”.
También aclaró que el bloqueo de la aplicación móvil en todo el país no puede hacerse efectivo.
“Esto se debe a que tanto la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Tributario ya han dicho que un Juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ordenar medidas fuera de dicha ciudad”, explicaron voceros de la empresa.
La empresa de transporte sostuvo que la legalidad de la actividad de Uber ya fue determinada en noviembre de 2016 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, al declarar que es “perfectamente lícita”.
El pedido de detención había recaído sobre los directivos Diego Mariano Oliveira, gerente General de Uber Argentina, y Mariano Otero, CEO de la empresa.
Según argumentó el fiscal, hace nueve meses que los ejecutivos de la empresa violan la clausura impuesta y continúan haciendo uso indebido del espacio público.
El fiscal solicitó el bloqueo nacional de la página y aplicación de Uber al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 16.
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