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El Gobierno porteño aplicó la primera sanción contra un chofer después de que un juez hiciera lugar al amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis. La firma dijo que se hará cargo de la pena económica y aclaró que seguirá operando
Ahora sí, de las amenazas y las presentaciones judiciales, el triángulo belicoso entre Gobierno porteño, Uber y taxistas pasó a los hechos. Es que la Ciudad aplicó la primera sanción a un chofer del nuevo servicio con una multa de 77.000 pesos y el secuestro del vehículo. ¿Cómo ocurrió? Fue después de que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N 15 de la Ciudad, Víctor Trionfetti, hizo lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis, que conduce Omar Viviani.
El procedimiento tuvo lugar en avenida Directorio al 500, en el barrio porteño de Caballito, y al conductor se le informó el valor de la multa, un monto que equivale aproximadamente al 35 por ciento del valor del auto implicado, que también fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
Lejos de retroceder, la empresa internacional Uber aseguró que se hará cargo de la multa y que continuará operando "con normalidad" pese a que la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que "de modo inmediato" suspenda sus actividades hasta que haya sentencia firme.
Lo verdaderamente insólito ocurrió cuando la Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del servicio y envió notificaciones a todos los domicilios vinculados a esta empresa: allí también las autoridades se encontraron con una sorpresa. El secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, dijo en declaraciones a radio Vorterix la gestión de Rodríguez Larreta quiso comunicar a la compañía la clausura, pero no pudo: "No tienen oficinas".
"El fallo judicial nos pide que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que la compañía cese su actividad", comentó Méndez al justificar la decisión oficial de impedir que la firma opere. "Lo estamos comunicando en la Policía, en la fiscalía. Esta clausura rige sobre el servicio y eventualmente cuando encontremos las oficinas, también sobre las oficinas", explicó el funcionario porteño.
El Gobierno tiene desde el miércoles 13 sólo 5 días para localizar a las autoridades de la compañía extranjera y comunicar al juzgado cuáles son las medidas que adoptaron para cumplir el fallo. ¿Y ahora?
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