La Justicia penal porteña impuso ayer, por primera vez en Argentina, la prohibición de salida del país a propietarios de portales de apuestas online por haber operado de forma clandestina, de acuerdo con la reforma del Código Penal que tipificó este ilícito como un delito federal.

La medida, que recayó sobre los propietarios de los sitios Miljugadas.com, se aplica por primera vez en base a la modificación artículo 301 del Código Penal, que hizo que el juego clandestino dejara de ser una contravención para ser un delito federal, en diciembre de 2016.

“Que las apuestas ilegales ya no sean una conducta de menor cuantía sino un delito federal permite imponer penas de hasta seis años de prisión. También da herramientas para investigar este delito en todo el país”, indicó el fiscal de Cámara Martín Lapadú, a cargo de esta investigación.

La restricción de salida de Argentina alcanza a Quinton Gregori Marshall, Diego Israel Céspedes, Federico Fernández de Francesco, y Margarita Teresa Boeiro, propietarios de los sitios de Miljugadas.com, Miljugadas1.com, Miljugadas2.com y Miljugadas55.com.

La medida fue tomada por el juez Rodolfo Clérici, titular del juzgado Penal Contravencional y de Faltas 1 quien aplicó la reforma al Código Penal para los resposables de estos sitios dedicados en su mayor parte a las apuestas deportivas.

“La dificultad para avanzar en causas de este tipo es que, a medida que se pide el bloqueo de una páginas, los organizadores crean páginas nuevas para eludir las resoluciones de la justicia”, indicó Lapadú.

Los acusados deberán fijar domicilio en el país, acreditarlo ante la Policía una vez al mes y tendrán prohibido comunicarse entre sí mientras dure el proceso.

Según consta en la causa, los imputados son miembros de las sociedades Eligra Solutions SRL y Miljugadas SRL, que se montaron para darle la estructura necesaria para el desarrollo de la actividad ilícita.

Los primeros allanamientos se concretaron en julio del 2017 e incluyeron la clausura de las oficinas de la empresa de juego on line en las ciudades de Oberá y Posadas de la provincia de Misiones.

Por este motivo, el fiscal calificó de “decisiva” la modificación del código penal que permite avanzar con medidas de fondo como “el bloqueo a nivel nacional de la web y los embargos de las cuentas de la empresas ligadas al usufructo de las apuestas”.

“Ahora se van a llamar a los responsables a declaración indagatoria y se estudiarán las máquinas secuestradas en los allanamientos. Nuestra idea es que este año comience el juicio oral”, afirmó.

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