Como dijo el propio Biden antes de firmar el decreto el viernes, el objetivo está en lograr "precios más bajos y aumento de salarios" para dar otro paso importante hacia una economía "que funcione para todos".

Biden, que insistió en varias ocasiones en asegurar que es un "capitalista orgulloso", explicó que este sistema económico debe promocionar una competencia "abierta y justa".

Eso significa, según el mandatario, que "si una empresa quiere vencerte en los negocios, tiene que mejorar su estrategia, ofrecer mejores precios y servicios, nuevas ideas y productos".

"La competitividad mantiene la economía en movimiento y es la razón por la que el capitalismo ha sido la mayor fuerza de prosperidad y crecimiento del mundo", destacó.

Joe Biden recordó que los oligopolios controlan sectores como el de la salud, la agricultura o la tecnología y lamentó que las compañías que los controlan lleven décadas "consumiendo a sus competidores, en lugar de competir por los consumidores y los trabajadores".

Para mejorar esta situación, entre otras medidas la orden ejecutiva facilitará el cambio de trabajo entre trabajadores y aumentará los salarios al prohibir o limitar los acuerdos de no competencia, según la Casa Blanca.

"El capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación", manifestó el presidente Joe Biden antes de firmar la directiva y también lo compartió en Twitter.

Además, si se implementa por completo, la Casa Blanca considera que servirá por ejemplo para reducir los precios de los medicamentos o bajar los costos de internet para los estadounidenses.

De acuerdo a datos de la oficina presidencial, el ritmo de formación de nuevas empresas en EE.UU. ha caído casi un 50 % desde la década de 1970, ya que "las grandes empresas dificultan que los estadounidenses con buenas ideas entren en los mercados".

Se estima también que los salarios más bajos causados por la falta de competencia le cuestan al hogar estadounidense un promedio de 5.000 dólares por año, según una hoja informativa de la Casa Blanca que cita una investigación del Proyecto de Libertades Económicas Estadounidenses (AELP, en sus siglas en inglés), un influyente grupo antimonopolio con sede en Washington.

Fuente: EFE.