Proteger la salud pública y la privacidad de las personas, dos derechos fundamentales en conflicto por las características de los diferentes programas diseñados por los países para protegerse del Covid-19

La cantidad de Gobiernos que recurren a las aplicaciones de rastreo para focalizar la lucha contra el coronavirus dio lugar al nacimiento de un nuevo dilema entre la necesidad de proteger la salud pública y el derecho de las personas a la privacidad.

Varios países han lanzado apps para teléfonos móviles cuyo objetivo es rastrear los movimientos de personas infectadas y advertir a quienes estuvieron en contacto con ellas, permitiendo así a las autoridades vigilar la propagación de la epidemia.

Pero muchos temen que la información personal recogida pueda ser objeto de abusos o de opresión en los Estados autoritarios.

Aunque el progreso de la tecnología puede ser una buena noticia para los funcionarios de salud pública, la “desventaja es, por supuesto, que esto daría legitimidad a un sistema de vigilancia aterrador”, dijo el historiador israelí Yuval Noah Harari en el Financial Times.

Los países asiáticos, que fueron los primeros afectados por la pandemia que se ha cobrado más de 350.000 vidas, fueron también los primeros en poner en pie estas aplicaciones, a menudo de forma obligatoria.

China, donde se inició el brote, puso en marcha varias apps que utilizan ya sea la geolocalización a través de las redes de telefonía celular, o los datos compilados de los viajes en tren y avión o los puestos de control en las carreteras.

Su uso fue sistemático y obligatorio, y se le atribuye un papel clave para permitir a China levantar su confinamiento y frenar la circulación del virus.

Por su parte, Corea del Sur emitió alertas masivas por teléfono móvil anunciando los lugares visitados por personas infectadas, y ordenó la instalación de una aplicación de rastreo en el teléfono de cualquier persona a la que se le impusiera el aislamiento.

En Tailandia, una aplicación hace que las personas escaneen un código de barras con sus teléfonos al entrar o salir de una tienda o restaurante. Las autoridades deben alertar a toda persona que visite el lugar si alguien que estuvo ahí da positivo y enviarla a hacerse una prueba de coronavirus gratuita.

“La pandemia ha ofrecido una conveniente justificación para que los gobiernos asiáticos que buscan mejorar o mantener sus capacidades autoritarias lo hagan durante un largo período”, dijo a la agencia de noticias AFP Paul Chambers, politólogo de la Universidad de Naresuan en Tailandia.

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Pero el debate también se desarrolla en Occidente, donde suelen aplicarse leyes de protección de datos más estrictas.

En Estados Unidos, por ejemplo, varios estados están lanzando sus propias aplicaciones, de carácter voluntario, para localizar a las personas que han estado cerca de un individuo con covid-19.

Para ser efectivo, el rastreo digital necesita la aceptación de al menos 40 a 60% de la población, según algunos investigadores.

En Francia, tierra de la Declaración de los Derechos Humanos, el parlamento debe debatir el miércoles sobre la puesta en marcha de una aplicación que permitiría alertar a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada.

La desconfianza se alimenta de varios abusos, como los de la agencia de inteligencia estadounidense NSA, denunciados por Edward Snowden, hasta las filtraciones de datos de Facebook a la empresa británica Cambridge Analytica, estima el think tank Brookings.

Y si bien considera que la salud pública no debe “pagar el precio de los errores pasados de los gobiernos y las empresas privadas”, señala la necesidad de “aclarar lo que estas herramientas hacen y, sobre todo, lo que no hacen”.

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