Los cargos que llevaron a Lugo al juicio político

El mandatario fue acusado también por haber autorizado en 2009 un acto de juventudes izquierdistas sudamericanas en un cuartel militar; por haber suscripto el Protocolo de Ushuaia que establece sanciones para los países que incumplan la Cláusula Democrática del Mercosur; por la ocupación de predios privados por campesinos en Ñacunday, en febrero pasado, y por la “ola de inseguridad”.

Las acusaciones fueron detalladas esta tarde ante el pleno del Congreso por los diputados Oscar Tuma, César Avalos, Carlos Liseras, José López Chávez y Clemente Barrios, quienes actúan como acusadores en el proceso de juicio político a Lugo.

Los fiscales cuestionaron la reunión de juventudes socialistas sudamericanas realizada en 2009 en la sede del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas con autorización de Lugo y financiamiento solventado por la Entidad Binacional Yacyretá, dijeron.

“Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio”, dice parte de la acusación, reproducida por el diario ABC Color en su sitio web.

También se imputa al mandatario su actuación durante los sucesos de febrero pasado en Ñacunday, en el departamento Alto Paraná, donde campesinos de los movimientos llamados “sin tierra” ocuparon predios privados.

Según la acusación, Lugo “dispuso el uso de las fuerzas militares” que ingresaron a las propiedades privadas sin autorización judicial y acompañadas por dirigentes carperos “para provocar miedo entre los colonos de la zona” y “se mostró siempre abierto a recibir a los líderes carperos”, a quienes acusan por un ataque violento a una intendenta local.

Asimismo, inculpan al mandatario por haber suscripto el Protocolo de Ushuaia porque, sostiene la acusación, “a través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay”.

Por otra parte, Lugo es responsabilizado de no haber podido “desarrollar una política eficaz para disminuir la inseguridad ciudadana” pese a haber recibido “importantes recursos financieros aprobados por el Congreso”.

“Todos los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento Partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP” (Ejército del Pueblo Paraguayo), afirma la acusación.