El ente, máximo judicial evaluará a partir del 4 de mayo si hubo irregularidades del juez Sergio Moro en la detención del ex presidente brasileño

La Tribunal Supremo de Brasil evaluará a partir del 4 de mayo si hubo irregularidades del juez Sergio Moro en la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula Silva, en el marco de una escalada de tensiones entre el magistrado de la Operación Lava Jato y el máximo tribunal del país en torno a las causas judiciales del líder de la oposición.

En caso de que la sala II del Supremo Tribunal Federal de Brasil entienda que Moro no respetó los plazos procesales para detener a Lula, el ex presidente puede dejar la prisión, a la que entró el 7 de abril pasado, condenado a 12 años y un mes por corrupción.

Esto ocurre en medio de una batalla jurídica, con alto voltaje político, que traban parte de la corte suprema y el juez moro y los fiscales de la Operación Lava Jato con sede en Curitiba, capital del estado de Paraná.

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La votación será electrónica no presencial y quedó a cargo de la Sala II del Supremo Tribunal Federal, la misma que le quitó al juez Moro las delaciones de ex ejecutivos de Odebrecht sobre Lula y los remitió a la justicia de San Pablo, alegando jurisdicción.

A partir de las 18 horas del 4 de mayo será abierto un plazo de una semana hasta las 24 del día 10 de mayo, cuando el resultado deber ser divulgado.

La sala II de la corte tiene 4 de sus 5 miembros a favor de la posición de Lula, de que no puede estar en prisión porque no se agotaron todos los recursos.

El caso específico que será tratado es si el juez Moro cometió irregularidades al anticipar el pedido de detención de Lula sin que el Tribunal Regional de Porto Alegre pudiera expedirse sobre un recurso de queja para cerrar la segunda instancia del proceso.

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El tribunal, una cámara de apelaciones, confirmó luego la sentencia de Moro y amplió la pena por corrupción contra Lula para 12 años y un mes de prisión.

El ex mandatario lidera las encuestas para las presidenciales de octubre y está detenido desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, fronterizo con Misiones.

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