Walter Di Giuseppe, el abogado que los patrocina, explicó que el objetivo de la demanda es el cobro de la retroactividad en las Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina presentó una demanda judicial contra la ANSES para que reconozca los diez años que los ex soldados estuvieron sin cobrar una pensión tras el regreso de la guerra.

Walter Di Giuseppe, el abogado que patrocina a los ex combatientes, explicó que el objetivo de la demanda es el cobro de la retroactividad en las “Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur”.

Esos beneficios fueron otorgados por la Ley 23.848, pero su decreto reglamentario Nº 2634/90 estableció un criterio para aquellos que regresaron con vida, , excediendo el marco legal y decidiendo que las pensiones se otorgarían a partir de la fecha de su solicitud, mientras que por aquellos que fallecieron en el conflicto bélico cobrarían su familiares desde la fecha del deceso.

Di Giuseppe explicó que como se agotaron las vías del dialogo y administrativas, se procedió a peticionar la inconstitucional del mencionado artículo a fin de que se abonen las prestaciones adeudadas desde el 2 de abril de 1982.

El letrado radicó el juicio caratulado “Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina contra ANSES sobre Pensiones con Medida Cautelar Adjunta” (Expediente N.CSS/13501/2018) en el Juzgado Nº 2, que conduce Fernando Strasser.

Rubén Rada, presidente de la Confederación, dijo que a pocos días de cumplirse los 36 años de la guerra de Malvinas, los ex combatientes siguen “luchando como aquel día” con el uniforme de José de San Martín y la bandera de Juan Manuel Belgrano.

“Nuestro único objetivo fue defender a la Patria sin dudarlo, sin pedir explicaciones ni comprender demasiado a que nos estábamos enfrentando. Pusimos nuestra vida en juego en pos de la soberanía, y por qué no, dado el resultado adverso de la guerra, dejando nuestra sangre en pos de la democracia”, expresó Rada.

La acción judicial plantea la inconstitucionalidad del decreto reglamentario y peticiona el pago actualizado mediante la Tasa Activa del Banco Nación y en dinero de curso legal, contando además con una Medida Cautelar Innovativa en virtud de los miles de millones reclamados, a fin de garantizar el pago de los mismos.

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