Opinión |
Al igual que la iniciativa de 2013 que no prosperó, el Gobierno impulsa el mismo sistema como solución para erradicar la hostilidad de los estadios argentinos. Para ir a la cancha, habrá que empadronarse otra vez
El hostil y bochornoso preámbulo de definición de la Copa Libertadores -que debió ser exportada a Europa-, apuró al Gobierno a adoptar una medida para contrarrestar la violencia que caracteriza al fútbol argentino. El Ministerio de Seguridad, cartera a la que apuntó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, cuando anunció el Superclásico se jugaría fuera de la Argentina porque las fuerzas de Seguridad no podían garantizar el desarrollo del partido, revivió sin quererlo al extinguido AFA Plus.
El Gobierno exige el “empadronamiento y registro de toda persona que concurra a un espectáculo futbolístico en el territorio de la República Argentina”, según se lee en la resolución 974 publicada por el Ministerio de Seguridad en el boletín oficial. Toda persona que asista a un estadio, deberá contar con una “credencial identificatoria del simpatizante empadronado” cuya otorgación “estará a cargo del Organizador”.
La medida está inspirada en el Fan ID, la herramienta exitosa y homologada por la FIFA para conocer la identidad de cada uno de los espectadores en los mundiales. Si la entrada es la visa en el mundo del fútbol, el carnet que cuelga al cuello del espectador es el pasaporte, que además permite beneficios asociados como red wifi o transportes, entre otros.
En Rusia el sistema funcionó para un universo de poco más de dos millones de personas que asistieron a algún partido en la última copa del mundo. Esa cifra representa apenas el cinco por ciento de los habitantes de la Argentina. El Fan ID -o como se llame- lo tendrá que solicitar cada persona que quiera ir a un partido de fútbol: tanto en el Monumental para ver a River o para pegarse al alambrado de Del Carril, por el torneo Federal.
Sin embargo los más de 44 millones de habitantes de este país ya están empadronados: ciudadanos naturales o extranjeros residentes dejaron sus datos biométricos en el Renaper. Esa inmensa base de datos, cruzada con las de prohibición de concurrencia y prófugos de la Justicia que utiliza el programa Tribuna Segura, impidió que más de 3000 personas que protagonizaron sucesos de violencia en alguna cancha, ingresen a alguna otra.
Con esos mismos datos, si un software se encargara del expendio de las entradas y cruzara las mismas bases de datos -sin entregarle la información a nadie- podría determinar si es factible efectuar la compra. Si el DNI está en la lista negra, el sistema no permitiría la transacción.
Y nadie podría comprar en nombre de otro, porque no debería existir la entrada física: el mismo sistema que reconoce a las personas biométricamente -no es ciencia ficción, funciona desde hace años en los puestos de migraciones-, también podría contener la información adicional si compró su entrada. Es decir que quien lee estas líneas no podría “darle” su entrada a Di Zeo. No hay necesidad de empadronar a nadie. Cuando se intentó, de eso se trató AFA Plus, se gastaron 300 millones de pesos y no funcionó.
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