La pena recayó sobre Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur, de 23 años, por los crímenes de Carlos Abregú y Emanuel Ojeda, ambos de 15 años, al momento de ser baleados, en un hecho ocurrido en marzo de 2013.

Un agente de la Policía Federal fue condenado a 20 años de prisión, al ser hallado culpable de los asesinatos de dos adolescentes, en un hecho ocurrido en marzo de 2013 en la zona del dique de Moreno y que, en principio, se atribuyó a una reacción frente a un intento de robo, pero luego se denunció como un episodio de violencia institucional.

Al conocerse el veredicto del Tribunal Oral Criminal Nro. 4 de Mercedes, familiares de Carlos Abregú y Emanuel Ojeda (ambos de 15 años, al momento de ser baleados por el policía) señalaron que se hizo justicia, acompañados por militantes de organizaciones sociales, como la CORREPI, que en todo este tiempo visibilizaron este caso de gatillo fácil. La pena recayó sobre Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur (de 23 años), el único de los tres imputados que había llegado detenido al juicio, ya que sus compañeros de la fuerza, Juan Leonel Segovia y Martín Adrián Olguín, estaban en libertad, pues solo fueron acusados por encubrimiento.

El hecho se registró el 17 de marzo de 2013, en la zona del dique de Moreno Sur, cuando el agente Aguirrez Manzur baleó por la espalda a los chicos, en un confuso episodio, que se intentó hacer pasar como una defensa ante un intento de robo de una moto, aunque las pericias y testimonios dieron cuenta de una virtual ejecución, bajo la práctica de gatillo fácil.

Emanuel Ojeda murió en el acto y su amigo Carlos Abregú permaneció más dos meses internado en el Hospital De la Vega de Moreno, hasta que luego de una larga agonía se produjo su deceso. Tras una investigación, plagada de irregularidades y dilaciones, se arribó al juicio oral y público, que se inició a fines del pasado mes de agosto.

"Los policías fueron defendidos por un equipo de seis abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras denunciábamos las maniobras de la impunidad represiva", indicaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Además, agregaron que "quisieron disfrazar la escena, como ya nos tienen acostumbrados, el policía y su defensa argumentaron un supuesto robo a mano armada con un posterior enfrentamiento que no pudo ser probado. Los hechos revelaron a lo largo de las jornadas del juicio que los jóvenes estaban desarmados y que fueron perseguidos antes de ser fusilados. Ni los testigos truchos que sacó de la galera la defensa de los asesinos, un año y medio después de los hechos, pudieron confrontar con la realidad. Carlitos y Emanuel fueron víctimas del "gatillo fácil" de Aguirrez Manzur".


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Pedido de perpetua

En su alegato, el abogado Ismael Jalil, en representación de la familia Abregú, reclamó la aplicación de la pena de prisión perpetua y sostuvo que "la defensa hasta quiso echarle la culpa a la enfermera del hospital, donde estuvo internando, argumentando un presunto caso de mala praxis, que no pudo ser ni sostenido por los peritos que pusieron. Entonces, apostaron a embarrar la cancha. cambiando dos veces la declaración y apostando a testigos truchos que aparecieron un año y medio después. Por eso, pedimos que se los investigue por falso testimonio, tal como se dispuso en el fallo".

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